A la verdad también se llega buscando en los archivos
>> viernes, 15 de enero de 2016
Archivos expiatorios
http://www.elespectador.com/ 15/01/2016
Casi todo el mundo conoce el aforismo del filósofo Jorge Santayana sobre la condena a repetir el pasado que cae sobre aquellos que ignoran la historia.
Pero no tantos sabemos el contexto: Santayana estudia la razón y en la frase alude a que para él, el progreso depende más de la retentiva que del cambio. En un mundo que evoluciona, la longevidad está en la readaptación que se basa en el recuerdo de las experiencias pasadas, en aprender de los errores. Esta es parte de la clave que nos impulsa a querer conocer la verdad del conflicto y acceder a los archivos que la contienen en este país de mala memoria.
Por esto, los acuerdos de paz de La Habana crean la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Un mecanismo extrajudicial: no impartirá justicia. La verdad que allí se diga en versiones o testimonios tendrá que volverse a producir ante los tribunales porque los acuerdos de paz, en una regla controvertida, le han restado valor probatorio a esa verdad para autoridades judiciales. Los documentos que reciba esta Comisión, en cambio, no perderán su valor probatorio y sí podrán servir ante la justicia.
A la verdad también se llega buscando en los archivos. Podemos hacerlo los ciudadanos o la Comisión. Pero ambos, según los acuerdos, debemos consultar la información de conformidad “con las leyes existentes”. Y lo haremos analizando archivos de políticas tan disímiles como la agraria, la militar y la fiscal que pueden haber contribuido al origen del conflicto.
Las herramientas para la apertura de archivos de todas las entidades involucradas se encuentran principalmente en dos normas estatutarias: la ley de inteligencia y la ley de transparencia y acceso a la información pública. El reto es que estas dos leyes tienen principios opuestos pues la primera quiere reservar el máximo de información y la segunda divulgarla.
Algunos elementos a tener en cuenta para resolver la tensión normativa que se genera: primero, no se pueden hacer reservas amplias y generales de la información de seguridad o de orden público, pues ya la Corte declaró inconstitucionales las reservas que no eran específicas. Segundo, las reservas de la ley de inteligencia exigen unos requisitos equivalentes a los de la ley de transparencia para acceder a cierta información. pero son más laxas en otros casos. Así, será más difícil acceder a los archivos relativos a los agentes y métodos de inteligencia que a otros elementos técnicos más generales como pueden ser los manuales de inteligencia.
En la práctica, en los archivos de la Fiscalía debe haber muchas pruebas documentales especialmente contra la guerrilla que servirán para la Comisión y para los juicios. Habrá menos de la fuerza pública y de otros participantes del mundo empresarial que tengan verdades que contar. Esta situación fáctica implica otro gran reto.
A pesar de que las normas y las comisiones son un avance, no son en sí mismas la solución al acceso a la verdad y a los años de secreto que han rodeado al conflicto. A la hora de la verdad, debemos tener en cuenta elementos como la institucionalidad democrática, el interés ciudadano y la voluntad política que ojalá sirvan para que haya retentiva, progreso y aprendamos de nuestros errores.
Autor: Vivian Newman
* Subdirectora de Dejusticia (www.dejusticia.org)
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http://www.elespectador.com/ 15/01/2016
Casi todo el mundo conoce el aforismo del filósofo Jorge Santayana sobre la condena a repetir el pasado que cae sobre aquellos que ignoran la historia.
Pero no tantos sabemos el contexto: Santayana estudia la razón y en la frase alude a que para él, el progreso depende más de la retentiva que del cambio. En un mundo que evoluciona, la longevidad está en la readaptación que se basa en el recuerdo de las experiencias pasadas, en aprender de los errores. Esta es parte de la clave que nos impulsa a querer conocer la verdad del conflicto y acceder a los archivos que la contienen en este país de mala memoria.
Por esto, los acuerdos de paz de La Habana crean la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Un mecanismo extrajudicial: no impartirá justicia. La verdad que allí se diga en versiones o testimonios tendrá que volverse a producir ante los tribunales porque los acuerdos de paz, en una regla controvertida, le han restado valor probatorio a esa verdad para autoridades judiciales. Los documentos que reciba esta Comisión, en cambio, no perderán su valor probatorio y sí podrán servir ante la justicia.
A la verdad también se llega buscando en los archivos. Podemos hacerlo los ciudadanos o la Comisión. Pero ambos, según los acuerdos, debemos consultar la información de conformidad “con las leyes existentes”. Y lo haremos analizando archivos de políticas tan disímiles como la agraria, la militar y la fiscal que pueden haber contribuido al origen del conflicto.
Las herramientas para la apertura de archivos de todas las entidades involucradas se encuentran principalmente en dos normas estatutarias: la ley de inteligencia y la ley de transparencia y acceso a la información pública. El reto es que estas dos leyes tienen principios opuestos pues la primera quiere reservar el máximo de información y la segunda divulgarla.
Algunos elementos a tener en cuenta para resolver la tensión normativa que se genera: primero, no se pueden hacer reservas amplias y generales de la información de seguridad o de orden público, pues ya la Corte declaró inconstitucionales las reservas que no eran específicas. Segundo, las reservas de la ley de inteligencia exigen unos requisitos equivalentes a los de la ley de transparencia para acceder a cierta información. pero son más laxas en otros casos. Así, será más difícil acceder a los archivos relativos a los agentes y métodos de inteligencia que a otros elementos técnicos más generales como pueden ser los manuales de inteligencia.
En la práctica, en los archivos de la Fiscalía debe haber muchas pruebas documentales especialmente contra la guerrilla que servirán para la Comisión y para los juicios. Habrá menos de la fuerza pública y de otros participantes del mundo empresarial que tengan verdades que contar. Esta situación fáctica implica otro gran reto.
A pesar de que las normas y las comisiones son un avance, no son en sí mismas la solución al acceso a la verdad y a los años de secreto que han rodeado al conflicto. A la hora de la verdad, debemos tener en cuenta elementos como la institucionalidad democrática, el interés ciudadano y la voluntad política que ojalá sirvan para que haya retentiva, progreso y aprendamos de nuestros errores.
Autor: Vivian Newman
* Subdirectora de Dejusticia (www.dejusticia.org)
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