6 mil expedientes de causas archivadas o desestimadasserán destruidos
>> lunes, 24 de julio de 2017
La fiscalía bahiense destruirá seis mil causas del archivo
Se trata de expedientes sin resolución o denuncias desestimadas. El dinero por el papel, adquirido por una empresa a cargo de la eliminación, irá al Centro Braille, como hace la Justicia.
El próximo 7 de agosto la fiscalía del Departamento Judicial Bahía Blanca se convertirá en la primera a nivel provincial en realizar la destrucción de algo más de 6 mil expedientes correspondientes a causas archivadas o desestimadas.
Desde 2011, cuando por orden de la Procuración bonaerense cada Ministerio Público organizó su propio archivo, las instrucciones penales preparatorias que por diferentes motivos no han llegado a etapa de definición son almacenadas en las instalaciones ubicadas en avenida Colón al 500.
Desde 1998 a la fecha se han acumulado 80.551 expedientes en esa condición, lo que determina la imperiosa necesidad de comenzar con la destrucción de aquellos que se encuentran en situación de ser eliminados.
La iniciativa -tal como sucede con el programa Prode, de la Justicia- tiene un costado benéfico, ya que el dinero de la compra del papel por parte de la empresa que realizará la tarea será donado al Centro de Rehabilitación Luis Braille.
El secretario de la fiscalía general, Santiago Garrido, quien además tiene a su cargo el archivo, comentó que el pasado 23 de febrero el procurador Julio Conte Grand firmó la autorización para proceder a la destrucción 6.110 causas.
“Queremos terminar este primer proceso de selección y destrucción, para ver la forma en que se desarrolla todo y luego ir haciéndolo de manera periódica”.
Explicó que el trabajo será desarrollado por la firma Reciclados de la Bahía, ubicada en Paunero al 300.
Comentó que en esta primera etapa se encuentran incluidas investigaciones iniciadas entre 1998 y 2003 por diversos hechos, entre ellos robos, hurtos, amenazas y lesiones.
Garrido comentó que se debe aguardar una década para la destrucción de causas por delitos con una pena inferior a los 6 años de cárcel, y 15 para los que contemplen sanciones más altas.
“Se fue viendo y analizando cada una, determinando si guardaba o no interés histórico, y clasificándola. De la misma forma, se cargan en el sistema datos del caso para que queden registrados, como la carátula y alguna otra información de importancia”.
En este sentido, destacó la tarea que los ocho empleados del archivo llevaron adelante para discriminar los expedientes que se encuentran en situación de poder ser destruidos.
“De acuerdo a la reglamentación, no se pueden destruir las iniciadas con motivo de la muerte de alguna persona, ni aquellas que se hallaren vinculadas a la investigación de delitos de lesa humanidad, o aquellas referentes a hechos contra el estado civil, falsificación de sellos, timbres, marcas y documentos en general, como así tampoco las que el agente fiscal, por resolución fundada, así lo disponga y fije el plazo de conservación pertinente”.
Describió que el proceso será filmado y se labrará un acta describiendo los elementos destruidos, garantizando que se utilizaron métodos que aseguran la completa ilegibilidad de las actuaciones.
“Se toman muchos recaudos y desde hace años venimos trabajando para implementar un sistema que permita estar totalmente seguro que cuando se destruya ese expediente esté absolutamente terminado y no queden medidas pendientes”, finalizó diciendo Garrido.
Autor: Pablo Andrés Pascual
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En el archivo de Colón al 500 se acopian unas 80 mil causas.
El próximo 7 de agosto la fiscalía del Departamento Judicial Bahía Blanca se convertirá en la primera a nivel provincial en realizar la destrucción de algo más de 6 mil expedientes correspondientes a causas archivadas o desestimadas.
Desde 2011, cuando por orden de la Procuración bonaerense cada Ministerio Público organizó su propio archivo, las instrucciones penales preparatorias que por diferentes motivos no han llegado a etapa de definición son almacenadas en las instalaciones ubicadas en avenida Colón al 500.
Desde 1998 a la fecha se han acumulado 80.551 expedientes en esa condición, lo que determina la imperiosa necesidad de comenzar con la destrucción de aquellos que se encuentran en situación de ser eliminados.
La iniciativa -tal como sucede con el programa Prode, de la Justicia- tiene un costado benéfico, ya que el dinero de la compra del papel por parte de la empresa que realizará la tarea será donado al Centro de Rehabilitación Luis Braille.
El secretario de la fiscalía general, Santiago Garrido, quien además tiene a su cargo el archivo, comentó que el pasado 23 de febrero el procurador Julio Conte Grand firmó la autorización para proceder a la destrucción 6.110 causas.
“Queremos terminar este primer proceso de selección y destrucción, para ver la forma en que se desarrolla todo y luego ir haciéndolo de manera periódica”.
Explicó que el trabajo será desarrollado por la firma Reciclados de la Bahía, ubicada en Paunero al 300.
Comentó que en esta primera etapa se encuentran incluidas investigaciones iniciadas entre 1998 y 2003 por diversos hechos, entre ellos robos, hurtos, amenazas y lesiones.
Garrido comentó que se debe aguardar una década para la destrucción de causas por delitos con una pena inferior a los 6 años de cárcel, y 15 para los que contemplen sanciones más altas.
“Se fue viendo y analizando cada una, determinando si guardaba o no interés histórico, y clasificándola. De la misma forma, se cargan en el sistema datos del caso para que queden registrados, como la carátula y alguna otra información de importancia”.
En este sentido, destacó la tarea que los ocho empleados del archivo llevaron adelante para discriminar los expedientes que se encuentran en situación de poder ser destruidos.
“De acuerdo a la reglamentación, no se pueden destruir las iniciadas con motivo de la muerte de alguna persona, ni aquellas que se hallaren vinculadas a la investigación de delitos de lesa humanidad, o aquellas referentes a hechos contra el estado civil, falsificación de sellos, timbres, marcas y documentos en general, como así tampoco las que el agente fiscal, por resolución fundada, así lo disponga y fije el plazo de conservación pertinente”.
Describió que el proceso será filmado y se labrará un acta describiendo los elementos destruidos, garantizando que se utilizaron métodos que aseguran la completa ilegibilidad de las actuaciones.
“Se toman muchos recaudos y desde hace años venimos trabajando para implementar un sistema que permita estar totalmente seguro que cuando se destruya ese expediente esté absolutamente terminado y no queden medidas pendientes”, finalizó diciendo Garrido.
Autor: Pablo Andrés Pascual
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