COLOMBIA NUEVA LEY: NO HABRA LIBERTAD DE ACCESO A LOS ARCHIVOS PUBLICOS
>> lunes, 23 de abril de 2012
Peligro a la vista: la Gran Hermana
http://www.eltiempo.com/ 21/04/2012
Dos proyectos de ley pretenden crear una superoficina para controlar la información de los archivos públicos que ha permitido destapar numerosos casos de corrupción.
Antes de convertirse en programa de televisión, el Gran Hermano era una maldición burocrática inventada por George Orwell en su novela 1984. El Gran Hermano todo lo mira y lo controla; acumula información y la maneja según su conveniencia.
Ahora, el Congreso de Colombia pretende convertir a Orwell en realidad. Circulan allí dos proyectos de ley que regulan la información pública y el acceso de los ciudadanos a ella. Los proyectos contienen algunas ventajas, como la obligación de las entidades oficiales de ofrecer "proactiva" y ordenadamente sus archivos. Pero crean una monstruosa Gran Hermana, una central de control informativo dependiente de la Procuraduría, que dirá cuándo los ciudadanos pueden acceder y cuándo no a los archivos oficiales.
La amenaza de esta Gran Hermana es tanto más lamentable cuanto la legislación colombiana en materia de acceso a documentos públicos constituye ejemplo democrático de tradición centenaria. La Ley 4a. de 1912 consagró que "todo individuo tiene derecho a que se le den copias de los documentos" del Estado. Como solo la ley tiene la potestad de fijar excepciones, se abrió un luminoso camino de transparencia. La Constitución de 1991 confirmó este principio en pocas y sabias palabras: "Todas las personas tienen el derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley" (art. 74).
Esta filosofía reconoce que el pueblo es el soberano de la democracia, el que elige y sostiene a sus gobernantes y legisladores. Por eso tiene derecho a averiguar qué se hace con su dinero y cómo se comportan los funcionarios. Salvo casos excluidos por la Constitución o la ley (secretos de guerra o de relaciones internacionales, sumarios, intimidad tributaria, etc.), todo lo demás debe estar bajo su vigilancia.
Es, pues, una ley al servicio del ciudadano, de la que hacemos uso frecuente los periodistas. Yo no sé cuántos millones le ha ahorrado al país la oportuna revelación de chanchullos detectados en documentos públicos. Pero sin esta norma habría sido imposible que la prensa denunciara muchos escándalos de los últimos tiempos, tanto en el sector oficial (los abusos del Congreso o los planes para entregar parques nacionales a contratistas privados) como en el privado (la crisis bancaria en tiempos de Belisario Betancur).
Pues bien: tan sana institución, envidia de muchos países, corre serio riesgo por los proyectos de ley 146/2011 del Senado y 156/2011 de la Cámara. Las manos quizás bien intencionadas pero torpes de sus proponentes borran con un golpe de tecla el amplio sistema de consulta de archivos públicos al crear esa Gran Hermana, cuyo criterio omnipotente reemplazará el de los ciudadanos y ejercerá un poder de censura casi soviético. Una de las armas que tendrá la Gran Hermana es la de decidir cuándo puede ser más peligroso publicar una información que prohibirla. Semejante opción dinamita el principio de publicidad documental y convierte a la nueva Procuraduría Delegada en profetisa insólita y caprichosa, capaz de calibrar futuros males y beneficios, sin entender que el supremo bien es la transparencia.
Entre otros esperpentos, inventa unos "sujetos obligados" a suministrar información a quien la pida, entre los que se hallan quienes "conserven o controlen información pública", aunque no sean funcionarios públicos. De este modo, los archivos de una ONG o la libreta de apuntes de un periodista se volverían documentos a los que podrán acceder la Policía, la Procuraduría o el señor alcalde. Es decir, un derecho de acceso patas arriba, que permite a las autoridades meterse en los papeles de la prensa.
Falta espacio para analizar aquí estos peligrosos proyectos, dignos de un urgente y severo debate público. Alberto Donadío, el mayor experto colombiano en leyes de acceso a archivos públicos, los considera "funestos", "esquizofrénicos" y "manifiestamente inconstitucionales".
Este país necesita más luz, no más oscuridad. La Gran Hermana se encargará de apagar bombillos.
cambalache@mail.ddnet.es
http://www.eltiempo.com/ 21/04/2012
Dos proyectos de ley pretenden crear una superoficina para controlar la información de los archivos públicos que ha permitido destapar numerosos casos de corrupción.
Antes de convertirse en programa de televisión, el Gran Hermano era una maldición burocrática inventada por George Orwell en su novela 1984. El Gran Hermano todo lo mira y lo controla; acumula información y la maneja según su conveniencia.
Ahora, el Congreso de Colombia pretende convertir a Orwell en realidad. Circulan allí dos proyectos de ley que regulan la información pública y el acceso de los ciudadanos a ella. Los proyectos contienen algunas ventajas, como la obligación de las entidades oficiales de ofrecer "proactiva" y ordenadamente sus archivos. Pero crean una monstruosa Gran Hermana, una central de control informativo dependiente de la Procuraduría, que dirá cuándo los ciudadanos pueden acceder y cuándo no a los archivos oficiales.
La amenaza de esta Gran Hermana es tanto más lamentable cuanto la legislación colombiana en materia de acceso a documentos públicos constituye ejemplo democrático de tradición centenaria. La Ley 4a. de 1912 consagró que "todo individuo tiene derecho a que se le den copias de los documentos" del Estado. Como solo la ley tiene la potestad de fijar excepciones, se abrió un luminoso camino de transparencia. La Constitución de 1991 confirmó este principio en pocas y sabias palabras: "Todas las personas tienen el derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley" (art. 74).
Esta filosofía reconoce que el pueblo es el soberano de la democracia, el que elige y sostiene a sus gobernantes y legisladores. Por eso tiene derecho a averiguar qué se hace con su dinero y cómo se comportan los funcionarios. Salvo casos excluidos por la Constitución o la ley (secretos de guerra o de relaciones internacionales, sumarios, intimidad tributaria, etc.), todo lo demás debe estar bajo su vigilancia.
Es, pues, una ley al servicio del ciudadano, de la que hacemos uso frecuente los periodistas. Yo no sé cuántos millones le ha ahorrado al país la oportuna revelación de chanchullos detectados en documentos públicos. Pero sin esta norma habría sido imposible que la prensa denunciara muchos escándalos de los últimos tiempos, tanto en el sector oficial (los abusos del Congreso o los planes para entregar parques nacionales a contratistas privados) como en el privado (la crisis bancaria en tiempos de Belisario Betancur).
Pues bien: tan sana institución, envidia de muchos países, corre serio riesgo por los proyectos de ley 146/2011 del Senado y 156/2011 de la Cámara. Las manos quizás bien intencionadas pero torpes de sus proponentes borran con un golpe de tecla el amplio sistema de consulta de archivos públicos al crear esa Gran Hermana, cuyo criterio omnipotente reemplazará el de los ciudadanos y ejercerá un poder de censura casi soviético. Una de las armas que tendrá la Gran Hermana es la de decidir cuándo puede ser más peligroso publicar una información que prohibirla. Semejante opción dinamita el principio de publicidad documental y convierte a la nueva Procuraduría Delegada en profetisa insólita y caprichosa, capaz de calibrar futuros males y beneficios, sin entender que el supremo bien es la transparencia.
Entre otros esperpentos, inventa unos "sujetos obligados" a suministrar información a quien la pida, entre los que se hallan quienes "conserven o controlen información pública", aunque no sean funcionarios públicos. De este modo, los archivos de una ONG o la libreta de apuntes de un periodista se volverían documentos a los que podrán acceder la Policía, la Procuraduría o el señor alcalde. Es decir, un derecho de acceso patas arriba, que permite a las autoridades meterse en los papeles de la prensa.
Falta espacio para analizar aquí estos peligrosos proyectos, dignos de un urgente y severo debate público. Alberto Donadío, el mayor experto colombiano en leyes de acceso a archivos públicos, los considera "funestos", "esquizofrénicos" y "manifiestamente inconstitucionales".
Este país necesita más luz, no más oscuridad. La Gran Hermana se encargará de apagar bombillos.
cambalache@mail.ddnet.es
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