¿Quién debe tener el control de los expedientes oficiales que generan los gobiernos?
>> domingo, 2 de octubre de 2016
La pugna por el Archivo General de la Nación
http://www.tabascohoy.com/ 02/10/2016
Los archivos públicos del país están en riesgo. La inexistencia de infraestructura adecuada para su resguardo, la falta de un marco normativo que garantice su conservación y los intentos fallidos por instalar un modelo de gestión institucional favorecen la pérdida de los documentos que dan cuenta de la actividad cotidiana de los tres niveles de gobierno.
A principios de 2016, sociedad civil y partidos políticos iniciaron la discusión de una nueva Ley General de Archivos, que pretendía revertir el rezago en el que se encuentra la gestión documental.
El 22 de febrero de 2016, el consejo académico asesor del Archivo General de la Nación envió al Senado una carta en la que adelantaba tres preocupaciones en torno a la nueva Ley de Archivos:
Primero, si el AGN tendrá la capacidad para asumir sus nuevas obligaciones como cabeza del Sistema Nacional de Archivos, lo cual representará un "desafío inédito" para la archivística mexicana que, según los expertos, muestra añejos rezagos.
Segundo, lograr efectivamente que la armonización de las leyes garantice que la información depositada en archivos sea "accesible, veraz, oportuna, completa y reutilizable".
Y tercero, la dependencia orgánica y funcional del AGN a la Secretaría de Gobernación.
"El derecho fundamental de acceso a la información no puede estar limitado por las decisiones tomadas en una sola dependencia del Ejecutivo federal", señala el documento firmado por destacados archivistas e historiadores.
Por ello, el consejo se pronunciaba a favor de la autonomía del AGN como órgano descentralizado, y no sectorizado, de Gobernación; así como por la creación de un consejo rector plural para el Sistema Nacional de Archivos.
No obstante, después de meses de negociación, los senadores desecharon algunas de las propuestas de los especialistas, entre ellas la de dar autonomía al AGN.
Así, la iniciativa que perfilan las principales bancadas para ser discutida y aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones dejaría en manos de la Secretaría de Gobernación el control de los archivos, por medio de organismos encargados de diseñar y vigilar la implementación de los lineamientos y protocolos que regirán a nivel nacional la conservación, destrucción y acceso a expedientes oficiales.
Especialistas que participaron en la discusión de la nueva ley -cuya actualización fue ordenada en la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014- advierten que es un error dejar en manos del gobierno federal el control de los archivos que documentan sus acciones cotidianas.
Rezago
La gestión de los expedientes oficiales podría convertirse en el eslabón más débil de los sistemas nacionales en ciernes: el de Transparencia y el Anticorrupción.
Aunque en el papel se reconoce que los documentos que generan los tres niveles de gobierno y los Poderes de la Unión son indispensables para garantizar el derecho al acceso a la información y la rendición de cuentas, estos temas no han avanzado de manera paralela.
La primera Ley Federal en materia de archivos se promulgó en 2012, 10 años después de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Y la discusión de la nueva Ley se da dos años después de la promulgación de la reforma constitucional de 2014.
Actualmente, todos los estados del país cuentan con una ley de acceso a la información, así como con un organismo garante autónomo.
En el tema de archivos, cuatro estados no cuentan con legislación y, en 10, ésta ya es obsoleta porque se promulgó antes de la reforma en materia de transparencia de 2002.
Al rezago legislativo se suma la falta de infraestructura, personal especializado y recursos para garantizar la adecuada gestión de los expedientes oficiales.
De acuerdo con un diagnóstico elaborado por el AGN en 2014 -en el cual participaron 746 de más de 12 mil sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno encuestados-, 67 por ciento de las instituciones poseen una área coordinadora de archivos, de ellas sólo en un 30 por ciento de los casos se encuentran incorporadas a sus organigramas.
Según el censo, los sujetos obligados invierten, en promedio, 231 mil pesos anuales en sus archivos, por lo que únicamente 28 por ciento cuenta con instalaciones suficientes y adecuadas para su resguardo.
Los gobiernos federal, estatal y municipal tampoco cuentan con personal especializado para la gestión de sus expedientes. El diagnóstico indica que 45 por ciento del personal que labora en archivos desempeña otras actividades y, de ellos, sólo el 58 por ciento recibe cursos de capacitación para desarrollar su trabajo.
El documento agrega que si bien las instituciones censadas dicen contar con instrumentos de control archivístico, sólo 31 por ciento hace uso de ellos.
Estas deficiencias provocan que el destino de los documentos oficiales esté en manos de funcionarios públicos que carecen de conocimientos básicos para ponderar el valor de la información contenida en ellos, lo que puede derivar en la destrucción arbitraria de expedientes.
Un ejemplo: en 2013 fue destruida la Averiguación Previa relacionada con el accidente aéreo en el que falleció Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, y ocho personas más, a pesar de que existían sospechas de que se había tratado de un atentado de grupos criminales.
Transparencia
A principios de 2016, sociedad civil y partidos políticos iniciaron la redacción de una Ley General de Archivos con la que pretendían subsanar estas deficiencias y garantizar que fueran instancias especializadas, y no políticas, las encargadas de diseñar y vigilar la implementación a nivel nacional de procesos homologados para la gestión de los expedientes oficiales.
Para lograrlo, los especialistas recomendaron, entre otras cosas, dotar de autonomía al AGN y garantizar que el Consejo Nacional de Archivos -instancia encargada del diseño de los lineamientos y los protocolos que se aplicarán en todo el país para la conservación, valoración y eventual destrucción de los archivos públicos- sea un órgano técnico.
Aunque el acuerdo fue presentar un proyecto de ley consensuado a fin de acelerar su dictaminación, senadores de los tres principales partidos políticos elaboran una iniciativa que hace a un lado algunas de las recomendaciones de la sociedad civil.
La senadora del PAN Laura Rojas indica que los partidos que originalmente demandaban la autonomía del AGN terminaron aceptando la propuesta del PRI de mantenerlo como un organismo sectorizado a Gobernación.
"Necesitamos al PT para sacar adelante la Ley, pero con el PT no se cuenta para nada; no participa, no trabaja, no construye, pero todas las vota en contra y PAN y PRD no contamos con los votos suficientes para poder sacar adelante el tema", reconoce.
Rojas afirma que tampoco las autoridades del AGN respaldaron la idea de convertirse en órgano descentralizado.
"La propia directora del AGN (Mercedes de Vega) te dice: 'no me saques de Gobernación, porque solita me va a ir peor'. Ni siquiera tienes el apoyo de ella, ¿cómo le haces? No es un tema que PAN y PRD no quieran; nosotros sí queremos, pero no hay condiciones para que el Archivo dé ese paso", asegura.
La panista detalla que cedieron en este punto a cambio de tres cosas: el compromiso de Gobernación de fortalecer al AGN, el robustecimientos del Consejo Nacional de Archivos y la eliminación de los candados que limitaban el acceso a los documentos históricos.
Pero desde el primer punto ya hay señales encontradas, pues la Secretaría de Hacienda prevé, en el proyecto de Presupuesto para 2017, una reducción del 80 por ciento al presupuesto del AGN.
"Quiero decir claramente que si no vemos al secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) dar la pelea junto con los senadores para defender el tema del presupuesto del Archivo, vamos a dudar de su interés por el AGN, y podríamos regresar a la posición de sacarlo de Gobernación", advierte Rojas.
Sobre el fortalecimiento del Consejo Nacional de Archivos, Rojas indica que actualmente se analiza su conformación, los mecanismos de elección de sus integrantes y sus facultades.
La legisladora advierte que, aunque el PAN va por un consejo técnico, no puede asegurar que éste estará conformado predominantemente por especialistas, pues es un tema que aún negocian con el PRI.
Actualmente, existe un Consejo Nacional de Archivos que es presidido por el AGN y está conformado por representantes de los archivos estatales y municipales y de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, además de representantes de instancias como el INEGI.
Respecto a los candados que limitan el acceso a los archivos históricos, la legisladora asegura que el PRI aceptó eliminarlos a cambio de dejar al AGN en Gobernación.
En 2012, a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Archivos, se estableció que cuando los archivos históricos tuvieran datos personales, el acceso a éstos podía restringirse hasta por 70 años.
Rojas asegura que la nueva Ley garantizará la apertura total de los documentos catalogados como históricos.
Memoria histórica
El senador con licencia Alejandro Encinas señala que aún está en la mesa la propuesta de que se dote al AGN de autonomía técnica y gestión, aun cuando dicho organismo continúe sectorizado a Gobernación.
"Que no dependa directamente del secretario de Gobernación sino que tenga una autonomía técnica y de gestión independientemente de si es un organismo descentralizado", indica.
Encinas, quien solicitó licencia para integrarse a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, sostiene que para ello buscarán dotar al organismo de un secretariado ejecutivo fuerte.
"Un secretariado que pueda dictar lineamientos atendibles no solamente por los estados y los municipios, sino por muchos archivos privados", indica.
El perredista informa que otros temas que se discuten son: el papel de la nueva Ley General de Archivos en la defensa de los derechos humanos, y el derecho a la memoria y a la verdad como uno de los ejes rectores de la nueva norma.
"Hay que afinar muy bien que no haya ninguna limitación y restricción a todo lo que es información en materia de violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, todo lo que permita esclarecer delitos del pasado", afirma.
El legislador asegura que ya existen consensos en más del 90 por ciento de los temas, por lo que no descarta que en las próximas semanas se presente ante el pleno una sola iniciativa.
Autonomía
La directora general del AGN, Mercedes de Vega, considera que la autonomía podría darse, pero de manera gradual, porque la realidad del organismo es la del recorte presupuestal.
"El AGN debe evolucionar hacia esa autonomía, pero creo que tiene que ser un proceso gradual, ¿por qué?, porque la institución en este momento no tiene la fuerza política ni la fuerza presupuestal ni la infraestructura en materia de personal para hacer frente a una autonomía como la que han propuesto", advierte.
La funcionaria indica que convertir AGN en un organismo descentralizado de Gobernación en este momento sería dejarlo desamparado.
"Es como un adolescente al que el papá lo lanza a la calle y no le da para su subsistencia y tampoco consigue empleo, ésas son las realidades con las que hay que trabajar", sostiene.
Pero Ramón Aguilera, director de la Escuela Mexicana de Archivos, advierte que dejar al AGN en Gobernación es un error.
El especialista sostiene que, a través de dicho organismo, la dependencia encargada de la política interna del país tendría el control del Consejo Nacional de Archivos.
"En el Consejo Nacional la cabeza es el AGN, actualmente sectorizado a Gobernación, más los representantes de los archivos estatales y algunas representaciones municipales. Luego vas al AGN y la Secretaría de Gobernación preside su Junta de Gobierno, entonces ¿de qué se trata?, ¿el secretario de Gobernación es el que acaparará todo?", cuestiona.
Aguilera advierte que un esquema con estas características no ofrece garantías de que los instrumentos para normar la conservación, el acceso y la destrucción de los expedientes oficiales obedecerán a los más altos estándares en la materia y no a motivaciones de índole político.
El argumento de que el AGN necesita a Segob para tener fuerza política y presupuestal como cabeza del Sistema Nacional de Archivos no es válido para el especialista.
Hasta ahora, señala Aguilera, Gobernación ha tenido el control del organismo y eso no se ha traducido en más presupuesto o en más peso político.
"Se dice que la Secretaría de Gobernación los ha apoyado y les ha jalado dinero. 'Es que si no hay presupuesto nos prestan personal', dicen. ¡Dios mío!, se trata de profesionalizarse.
"Y el otro argumento es que Gobernación es la única autoridad a la que le podrían hacer caso los gobiernos de los estados y los municipios; se me hace muy absurdo eso, se me hace muy extremista y no creo que sea así si en la ley queda clara la obligación que tendrán", comenta.
Urgencia
El 31 de agosto pasado, la Red por la Rendición de Cuentas envió una carta al Senado en la que externa su preocupación por la falta de consensos ante temas como la conformación del Consejo Nacional de Archivos.
De acuerdo con el documento, no garantizar el carácter técnico de este organismo "podría obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de la ley".
La Red expresa que sus especialistas, senadores y sociedad civil ya habían acordado las bases y los procedimientos con los que debe contar la ley, por lo que hicieron un llamado a los legisladores para evitar retrocesos.
"Hacemos un respetuoso llamado a los legisladores para que desde la Cámara Alta se diseñe una Ley General de Archivos congruente con los avances normativos que se tienen hasta ahora y que coadyuve a construir el sistema de rendición de cuentas que el país necesita", indica la carta.
Se espera que, a más tardar en 15 días, la iniciativa de ley sea presentada ante el Pleno del Senado; mientras tanto, el debate sobre la conformación y facultades del Consejo sigue en la mesa.
http://www.tabascohoy.com/ 02/10/2016
En el tema de archivos, 4 estados no cuentan con legislación y, en 10, ya es obsoleta.
A principios de 2016, sociedad civil y partidos políticos iniciaron la discusión de una nueva Ley General de Archivos, que pretendía revertir el rezago en el que se encuentra la gestión documental.
El 22 de febrero de 2016, el consejo académico asesor del Archivo General de la Nación envió al Senado una carta en la que adelantaba tres preocupaciones en torno a la nueva Ley de Archivos:
Primero, si el AGN tendrá la capacidad para asumir sus nuevas obligaciones como cabeza del Sistema Nacional de Archivos, lo cual representará un "desafío inédito" para la archivística mexicana que, según los expertos, muestra añejos rezagos.
Segundo, lograr efectivamente que la armonización de las leyes garantice que la información depositada en archivos sea "accesible, veraz, oportuna, completa y reutilizable".
Y tercero, la dependencia orgánica y funcional del AGN a la Secretaría de Gobernación.
"El derecho fundamental de acceso a la información no puede estar limitado por las decisiones tomadas en una sola dependencia del Ejecutivo federal", señala el documento firmado por destacados archivistas e historiadores.
Por ello, el consejo se pronunciaba a favor de la autonomía del AGN como órgano descentralizado, y no sectorizado, de Gobernación; así como por la creación de un consejo rector plural para el Sistema Nacional de Archivos.
No obstante, después de meses de negociación, los senadores desecharon algunas de las propuestas de los especialistas, entre ellas la de dar autonomía al AGN.
Así, la iniciativa que perfilan las principales bancadas para ser discutida y aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones dejaría en manos de la Secretaría de Gobernación el control de los archivos, por medio de organismos encargados de diseñar y vigilar la implementación de los lineamientos y protocolos que regirán a nivel nacional la conservación, destrucción y acceso a expedientes oficiales.
Especialistas que participaron en la discusión de la nueva ley -cuya actualización fue ordenada en la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014- advierten que es un error dejar en manos del gobierno federal el control de los archivos que documentan sus acciones cotidianas.
Rezago
La gestión de los expedientes oficiales podría convertirse en el eslabón más débil de los sistemas nacionales en ciernes: el de Transparencia y el Anticorrupción.
Aunque en el papel se reconoce que los documentos que generan los tres niveles de gobierno y los Poderes de la Unión son indispensables para garantizar el derecho al acceso a la información y la rendición de cuentas, estos temas no han avanzado de manera paralela.
La primera Ley Federal en materia de archivos se promulgó en 2012, 10 años después de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Y la discusión de la nueva Ley se da dos años después de la promulgación de la reforma constitucional de 2014.
Actualmente, todos los estados del país cuentan con una ley de acceso a la información, así como con un organismo garante autónomo.
En el tema de archivos, cuatro estados no cuentan con legislación y, en 10, ésta ya es obsoleta porque se promulgó antes de la reforma en materia de transparencia de 2002.
Al rezago legislativo se suma la falta de infraestructura, personal especializado y recursos para garantizar la adecuada gestión de los expedientes oficiales.
De acuerdo con un diagnóstico elaborado por el AGN en 2014 -en el cual participaron 746 de más de 12 mil sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno encuestados-, 67 por ciento de las instituciones poseen una área coordinadora de archivos, de ellas sólo en un 30 por ciento de los casos se encuentran incorporadas a sus organigramas.
Según el censo, los sujetos obligados invierten, en promedio, 231 mil pesos anuales en sus archivos, por lo que únicamente 28 por ciento cuenta con instalaciones suficientes y adecuadas para su resguardo.
Los gobiernos federal, estatal y municipal tampoco cuentan con personal especializado para la gestión de sus expedientes. El diagnóstico indica que 45 por ciento del personal que labora en archivos desempeña otras actividades y, de ellos, sólo el 58 por ciento recibe cursos de capacitación para desarrollar su trabajo.
El documento agrega que si bien las instituciones censadas dicen contar con instrumentos de control archivístico, sólo 31 por ciento hace uso de ellos.
Estas deficiencias provocan que el destino de los documentos oficiales esté en manos de funcionarios públicos que carecen de conocimientos básicos para ponderar el valor de la información contenida en ellos, lo que puede derivar en la destrucción arbitraria de expedientes.
Un ejemplo: en 2013 fue destruida la Averiguación Previa relacionada con el accidente aéreo en el que falleció Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, y ocho personas más, a pesar de que existían sospechas de que se había tratado de un atentado de grupos criminales.
Transparencia
A principios de 2016, sociedad civil y partidos políticos iniciaron la redacción de una Ley General de Archivos con la que pretendían subsanar estas deficiencias y garantizar que fueran instancias especializadas, y no políticas, las encargadas de diseñar y vigilar la implementación a nivel nacional de procesos homologados para la gestión de los expedientes oficiales.
Para lograrlo, los especialistas recomendaron, entre otras cosas, dotar de autonomía al AGN y garantizar que el Consejo Nacional de Archivos -instancia encargada del diseño de los lineamientos y los protocolos que se aplicarán en todo el país para la conservación, valoración y eventual destrucción de los archivos públicos- sea un órgano técnico.
Aunque el acuerdo fue presentar un proyecto de ley consensuado a fin de acelerar su dictaminación, senadores de los tres principales partidos políticos elaboran una iniciativa que hace a un lado algunas de las recomendaciones de la sociedad civil.
La senadora del PAN Laura Rojas indica que los partidos que originalmente demandaban la autonomía del AGN terminaron aceptando la propuesta del PRI de mantenerlo como un organismo sectorizado a Gobernación.
"Necesitamos al PT para sacar adelante la Ley, pero con el PT no se cuenta para nada; no participa, no trabaja, no construye, pero todas las vota en contra y PAN y PRD no contamos con los votos suficientes para poder sacar adelante el tema", reconoce.
Rojas afirma que tampoco las autoridades del AGN respaldaron la idea de convertirse en órgano descentralizado.
"La propia directora del AGN (Mercedes de Vega) te dice: 'no me saques de Gobernación, porque solita me va a ir peor'. Ni siquiera tienes el apoyo de ella, ¿cómo le haces? No es un tema que PAN y PRD no quieran; nosotros sí queremos, pero no hay condiciones para que el Archivo dé ese paso", asegura.
La panista detalla que cedieron en este punto a cambio de tres cosas: el compromiso de Gobernación de fortalecer al AGN, el robustecimientos del Consejo Nacional de Archivos y la eliminación de los candados que limitaban el acceso a los documentos históricos.
Pero desde el primer punto ya hay señales encontradas, pues la Secretaría de Hacienda prevé, en el proyecto de Presupuesto para 2017, una reducción del 80 por ciento al presupuesto del AGN.
"Quiero decir claramente que si no vemos al secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) dar la pelea junto con los senadores para defender el tema del presupuesto del Archivo, vamos a dudar de su interés por el AGN, y podríamos regresar a la posición de sacarlo de Gobernación", advierte Rojas.
Sobre el fortalecimiento del Consejo Nacional de Archivos, Rojas indica que actualmente se analiza su conformación, los mecanismos de elección de sus integrantes y sus facultades.
La legisladora advierte que, aunque el PAN va por un consejo técnico, no puede asegurar que éste estará conformado predominantemente por especialistas, pues es un tema que aún negocian con el PRI.
Actualmente, existe un Consejo Nacional de Archivos que es presidido por el AGN y está conformado por representantes de los archivos estatales y municipales y de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, además de representantes de instancias como el INEGI.
Respecto a los candados que limitan el acceso a los archivos históricos, la legisladora asegura que el PRI aceptó eliminarlos a cambio de dejar al AGN en Gobernación.
En 2012, a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Archivos, se estableció que cuando los archivos históricos tuvieran datos personales, el acceso a éstos podía restringirse hasta por 70 años.
Rojas asegura que la nueva Ley garantizará la apertura total de los documentos catalogados como históricos.
Memoria histórica
El senador con licencia Alejandro Encinas señala que aún está en la mesa la propuesta de que se dote al AGN de autonomía técnica y gestión, aun cuando dicho organismo continúe sectorizado a Gobernación.
"Que no dependa directamente del secretario de Gobernación sino que tenga una autonomía técnica y de gestión independientemente de si es un organismo descentralizado", indica.
Encinas, quien solicitó licencia para integrarse a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, sostiene que para ello buscarán dotar al organismo de un secretariado ejecutivo fuerte.
"Un secretariado que pueda dictar lineamientos atendibles no solamente por los estados y los municipios, sino por muchos archivos privados", indica.
El perredista informa que otros temas que se discuten son: el papel de la nueva Ley General de Archivos en la defensa de los derechos humanos, y el derecho a la memoria y a la verdad como uno de los ejes rectores de la nueva norma.
"Hay que afinar muy bien que no haya ninguna limitación y restricción a todo lo que es información en materia de violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, todo lo que permita esclarecer delitos del pasado", afirma.
El legislador asegura que ya existen consensos en más del 90 por ciento de los temas, por lo que no descarta que en las próximas semanas se presente ante el pleno una sola iniciativa.
Autonomía
La directora general del AGN, Mercedes de Vega, considera que la autonomía podría darse, pero de manera gradual, porque la realidad del organismo es la del recorte presupuestal.
"El AGN debe evolucionar hacia esa autonomía, pero creo que tiene que ser un proceso gradual, ¿por qué?, porque la institución en este momento no tiene la fuerza política ni la fuerza presupuestal ni la infraestructura en materia de personal para hacer frente a una autonomía como la que han propuesto", advierte.
La funcionaria indica que convertir AGN en un organismo descentralizado de Gobernación en este momento sería dejarlo desamparado.
"Es como un adolescente al que el papá lo lanza a la calle y no le da para su subsistencia y tampoco consigue empleo, ésas son las realidades con las que hay que trabajar", sostiene.
Pero Ramón Aguilera, director de la Escuela Mexicana de Archivos, advierte que dejar al AGN en Gobernación es un error.
El especialista sostiene que, a través de dicho organismo, la dependencia encargada de la política interna del país tendría el control del Consejo Nacional de Archivos.
"En el Consejo Nacional la cabeza es el AGN, actualmente sectorizado a Gobernación, más los representantes de los archivos estatales y algunas representaciones municipales. Luego vas al AGN y la Secretaría de Gobernación preside su Junta de Gobierno, entonces ¿de qué se trata?, ¿el secretario de Gobernación es el que acaparará todo?", cuestiona.
Aguilera advierte que un esquema con estas características no ofrece garantías de que los instrumentos para normar la conservación, el acceso y la destrucción de los expedientes oficiales obedecerán a los más altos estándares en la materia y no a motivaciones de índole político.
El argumento de que el AGN necesita a Segob para tener fuerza política y presupuestal como cabeza del Sistema Nacional de Archivos no es válido para el especialista.
Hasta ahora, señala Aguilera, Gobernación ha tenido el control del organismo y eso no se ha traducido en más presupuesto o en más peso político.
"Se dice que la Secretaría de Gobernación los ha apoyado y les ha jalado dinero. 'Es que si no hay presupuesto nos prestan personal', dicen. ¡Dios mío!, se trata de profesionalizarse.
"Y el otro argumento es que Gobernación es la única autoridad a la que le podrían hacer caso los gobiernos de los estados y los municipios; se me hace muy absurdo eso, se me hace muy extremista y no creo que sea así si en la ley queda clara la obligación que tendrán", comenta.
Urgencia
El 31 de agosto pasado, la Red por la Rendición de Cuentas envió una carta al Senado en la que externa su preocupación por la falta de consensos ante temas como la conformación del Consejo Nacional de Archivos.
De acuerdo con el documento, no garantizar el carácter técnico de este organismo "podría obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de la ley".
La Red expresa que sus especialistas, senadores y sociedad civil ya habían acordado las bases y los procedimientos con los que debe contar la ley, por lo que hicieron un llamado a los legisladores para evitar retrocesos.
"Hacemos un respetuoso llamado a los legisladores para que desde la Cámara Alta se diseñe una Ley General de Archivos congruente con los avances normativos que se tienen hasta ahora y que coadyuve a construir el sistema de rendición de cuentas que el país necesita", indica la carta.
Se espera que, a más tardar en 15 días, la iniciativa de ley sea presentada ante el Pleno del Senado; mientras tanto, el debate sobre la conformación y facultades del Consejo sigue en la mesa.
Martha Martínez
Agencia Reforma
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