LOS ARCHIVOS NO MIENTEN Y NO OCULTAN LA CORRUPCION
>> viernes, 25 de mayo de 2012
Yarrington y Cano
http://tamaulipas.milenio.com/ 25/05/2012
En Tamaulipas no ha pasado desapercibido el enriquecimiento de algunos personajes que han estado ligados al poder.
El empresario Fernando Alejandro Cano Martínez, llegó a ser considerado el “Carlos Ahumada” de Tamaulipas durante el gobierno de Tomás Yarrington (1999-2004), de quien se dijo, desde entonces, era su amigo y presunto prestanombres.
En ese sexenio, Cano hizo negocios por todo el estado, convirtiéndose en el constructor favorito del gobierno y uno de los empresarios más ricos de la entidad.
Archivos periodísticos muestran como Fernando Cano obtuvo millonarios contratos para sus empresas Villa de Aguayo y Gifer, que crecieron de manera exorbitante en poco tiempo.
En esa administración, Cano Martínez y otros constructores amigos suyos se “repartieron” la reconstrucción de la carretera Rumbo Nuevo, tocándole a él tres cuartas partes de la obra, por la que cobraron 750 millones de pesos.
En aquella época, el mayor escándalo del nexo Yarrington-Cano, se dio cuando se hizo pública la venta a favor de este último, de mil 600 hectáreas en el puerto industrial de Altamira, a un precio de ¡87 centavos el metro cuadrado!.
Esos terrenos habían sido expropiados por la federación a ejidatarios de Altamira para la construcción y accesos del Puerto Industrial. Luego se los cedió al gobierno tamaulipeco para ser utilizados en el proyecto del Canal Intracostero, que nunca se realizó.
Los terrenos eran entonces patrimonio del gobierno del estado y para hacer la operación de venta, primero se trasladaron a un fideicomiso llamado Nuevo Santander, cuyo decreto de creación tenía apenas un mes de haber sido publicado cuando se le vendieron los predios a Cano, por la cantidad total de 14 millones de pesos.
El caso reventó en el Congreso del Estado. La oposición dijo en tribuna: “Muchas personas afirman que entre el licenciado Fernando Cano y el licenciado Tomás Yarrington Ruvalcaba existen intereses en común; es decir, una especie de pacto de caballeros para ambos obtener beneficios personales”.
El asunto llegó hasta la Cámara de Diputados, donde el PAN promovió un punto de acuerdo para que la Legislatura solicitara la intervención de la Secretaría de la Función Pública a fin de investigar posibles actos de corrupción en la transacción.
En el sexenio de Eugenio Hernández Flores (2005-2010), las cosas no cambiaron para Fernando Cano.
Le fue todavía mejor. Los contratos llegaban uno tras otro, tanto del estado como de la federación.
Se calcula que facturó más de mil millones de pesos, con base en información de Compranet.
Cano le quitó a los maderenses su emblemática plaza Isauro Alfaro.
Esto, cuando su empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo obtuvo la concesión para construir ahí un estacionamiento subterráneo y una plaza comercial.
Luego de varios años, la obra no ha sido entregada, contemplando incluso el municipio la posibilidad de interponer demandas legales.
Por otra parte, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación rechazó la cuenta pública de la carretera costera, obra en la que participó la empresa de Cano, éste siguió recibiendo contratos de la SCT. Consta en Compranet.
Yarrington y Cano han sido vinculados por la justicia estadounidense en presuntas acciones fuera de la ley.
http://tamaulipas.milenio.com/ 25/05/2012
En Tamaulipas no ha pasado desapercibido el enriquecimiento de algunos personajes que han estado ligados al poder.
El empresario Fernando Alejandro Cano Martínez, llegó a ser considerado el “Carlos Ahumada” de Tamaulipas durante el gobierno de Tomás Yarrington (1999-2004), de quien se dijo, desde entonces, era su amigo y presunto prestanombres.
En ese sexenio, Cano hizo negocios por todo el estado, convirtiéndose en el constructor favorito del gobierno y uno de los empresarios más ricos de la entidad.
Archivos periodísticos muestran como Fernando Cano obtuvo millonarios contratos para sus empresas Villa de Aguayo y Gifer, que crecieron de manera exorbitante en poco tiempo.
En esa administración, Cano Martínez y otros constructores amigos suyos se “repartieron” la reconstrucción de la carretera Rumbo Nuevo, tocándole a él tres cuartas partes de la obra, por la que cobraron 750 millones de pesos.
En aquella época, el mayor escándalo del nexo Yarrington-Cano, se dio cuando se hizo pública la venta a favor de este último, de mil 600 hectáreas en el puerto industrial de Altamira, a un precio de ¡87 centavos el metro cuadrado!.
Esos terrenos habían sido expropiados por la federación a ejidatarios de Altamira para la construcción y accesos del Puerto Industrial. Luego se los cedió al gobierno tamaulipeco para ser utilizados en el proyecto del Canal Intracostero, que nunca se realizó.
Los terrenos eran entonces patrimonio del gobierno del estado y para hacer la operación de venta, primero se trasladaron a un fideicomiso llamado Nuevo Santander, cuyo decreto de creación tenía apenas un mes de haber sido publicado cuando se le vendieron los predios a Cano, por la cantidad total de 14 millones de pesos.
El caso reventó en el Congreso del Estado. La oposición dijo en tribuna: “Muchas personas afirman que entre el licenciado Fernando Cano y el licenciado Tomás Yarrington Ruvalcaba existen intereses en común; es decir, una especie de pacto de caballeros para ambos obtener beneficios personales”.
El asunto llegó hasta la Cámara de Diputados, donde el PAN promovió un punto de acuerdo para que la Legislatura solicitara la intervención de la Secretaría de la Función Pública a fin de investigar posibles actos de corrupción en la transacción.
En el sexenio de Eugenio Hernández Flores (2005-2010), las cosas no cambiaron para Fernando Cano.
Le fue todavía mejor. Los contratos llegaban uno tras otro, tanto del estado como de la federación.
Se calcula que facturó más de mil millones de pesos, con base en información de Compranet.
Cano le quitó a los maderenses su emblemática plaza Isauro Alfaro.
Esto, cuando su empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo obtuvo la concesión para construir ahí un estacionamiento subterráneo y una plaza comercial.
Luego de varios años, la obra no ha sido entregada, contemplando incluso el municipio la posibilidad de interponer demandas legales.
Por otra parte, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación rechazó la cuenta pública de la carretera costera, obra en la que participó la empresa de Cano, éste siguió recibiendo contratos de la SCT. Consta en Compranet.
Yarrington y Cano han sido vinculados por la justicia estadounidense en presuntas acciones fuera de la ley.
Incautará EU bienes a Tomás y ordena detener a Cano
http://elcinco.mx/ 25/05/2012
Por lavado de dinero y fraude bancario Fernando Cano está prófugo y alcanzaría 25 años de prisión y multa de 40 millones de dólares; al ex gobernador quiere retenerle propiedades por 7 millones de dólares, revela Departamento de Justicia norteamericano.
El ex gobernador Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba y quien fuera el constructor consentido de su sexenio y presunto prestanombres, Fernando Alejandro Cano Martínez, fueron acusados formalmente ante diversas Cortes de Estados Unidos de Norteamérica.
Según un comunicado difundido ayer por la tarde en la página oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos -fechado en Brownsville-, la Oficina del Procurador para el Distrito Sur de Texas dio a conocer que al victorense Cano Martínez se le persigue por dos delitos, Lavado de Dinero y Fraude Bancario.
“Un empresario mexicano de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, ha sido acusado como resultado de los esfuerzos de una investigación de la multi-agencia (OCDETF), por los abogados Kenneth Magadison y Robert Pitman de los distritos Sur y Oeste de Texas, respectivamente. La acusación formal emitida esta tarde en Brownsville, Texas, se deriva de una investigación a largo plazo, dirigidas contra las supuestas actividades de lavado de dinero dentro de Estados Unidos”, detalla el comunicado.
“Este caso es otro ejemplo”, subraya la autoridad norteamericana, “de nuestra cooperación con varias agencias policiales y otras oficinas del abogado de EE. UU., incluyendo la evidencia aportada por el gobierno de México en contra de aquellos que tratan de eludir las leyes de los Estados Unidos”.
De 55 años, Fernando Alejandro Cano Martínez está acusado de conspiración para lavar instrumentos monetarios desde el 1 de enero de 1998, aproximadamente.
La acusación formal, detalla el comunicado, alega que Cano y otros conspiraron para utilizar una serie de entidades corporativas que formaron en Texas para el lavado de sobornos pagados a funcionarios de alto nivel electos, y candidatos a cargos tamaulipecos.
En ese esquema, se asegura en el documento, fueron adquiridos millones de dólares de activos principalmente de Bienes Raíces de Texas.
De igual forma el empresario victorense está acusado de cometer fraude bancario. Según la acusación, Cano y otros, “también participaron en una conspiración por separado en la adquisición de préstamos de instituciones financieras mediante la presentación de información financiera falsa a la bancos, con el fin de obtener los préstamos.
“Cano se encuentra prófugo y sigue habiendo una orden de detención pendiente en su contra. Cualquier persona con información sobre su paradero se le pide ponerse en contacto con Seguridad Nacional de Investigaciones (HSI) al (956) 542-7831 o (956) 542-5811, Radio 145*4*41047; desde México: 001-800-010-5237.
El mismo comunicado hace saber que al tiempo en que las acusaciones contra Fernando Cano Martínez eran presentadas por las oficinas del abogado de Estados Unidos en los Distritos Sur y Oeste de Texas, una demanda civil se promovía en Corpus, Christi, Texas, en relación a bienes presuntamente propiedad de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba.
En la denuncia se alega que Yarrington utilizó fondos ilícitos para comprar un condominio ubicado en la Isla del Padre, Texas. A través de prestanombres habría realizado la transacción por 450 mil dólares.
En San Antonio, por otra parte, la Oficina del Procurador de Estados Unidos presentó una acción civil con respecto a una propiedad comprada en 2006 por aproximadamente 6.6 millones de dólares, que habría sida obtenida con fondos ilícitos por Yarrington, Cano y otros.
“La conspiración de lavado de dinero lleva a un máximo posible de 20 años de pena privativa de libertad, en caso de condena. Cano también enfrentaría un periodo adicional de cinco años si es declarado culpable de conspiración para cometer fraude bancario”, advierte el comunicado.
“También se incluye en la acusación un aviso de intención de buscar un juicio por la suma de 20 millones de dólares por cada cargo y el decomiso de activos, entre ellos un avión y varias cuentas bancarias pertenecientes a Cano”, añade.
La investigación se llevó a cabo en Brownsville, San Antonio, Houston y Corpus Christi, Texas. Como parte de la investigación, los Estados Unidos buscaron pruebas de la Autoridad Central de México, a través de Tratado de Asistencia Legal Mutua vigente entre los Estados Unidos y México.
“Este caso está siendo procesado en el Distrito Sur de Texas por el Asistente de los Estados Unidos Abogados Charlie Lewis, Jody Young y Julie K. Hampton, y en el Distrito Oeste de Texas por el fiscal federal adjunto de María Nelda Valadez”.
SON LOS PRIMEROS DOS DE LA “ALERTA MIGRATORIA DE PGR”
Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba y Fernando Alejandro Cano Martínez son los primeros dos ciudadanos acusados formalmente en Estados Unidos de Norteamérica, de 46 que aparecieron en una Alerta Migratoria emitida por la PGR el 13 de enero pasado.
Aquella ocasión el Agente del Ministerio Público de la Federación, David Juárez Mora, solicitó a la SCT “su valiosa intervención, con el objeto de hacer conocimiento a todas las arolíneas que operan dentro del territorio nacional, así mismo de los vuelos privados (planes de vuelo) que en caso de tener o no registro, de entrada y salida a este país, en la lista de pasajeros, a través de la base de datos con la que cuentan las mismas de las personas que a continuación se describen”, y detallaban la lista con 46 nombres.
En la lista aparecían también Lucía Cecilia y Carola del Rosario Cano Martínez, hermanas del empresario victorense hoy investigado, así como el sobrino de éste, Manuel Muñoz Cano.
Fernando Alejandro Cano Martínez es, entre otras, propietario de la poderosa constructora “Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C. V.”.
http://elcinco.mx/ 25/05/2012
Por lavado de dinero y fraude bancario Fernando Cano está prófugo y alcanzaría 25 años de prisión y multa de 40 millones de dólares; al ex gobernador quiere retenerle propiedades por 7 millones de dólares, revela Departamento de Justicia norteamericano.
Según un comunicado difundido ayer por la tarde en la página oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos -fechado en Brownsville-, la Oficina del Procurador para el Distrito Sur de Texas dio a conocer que al victorense Cano Martínez se le persigue por dos delitos, Lavado de Dinero y Fraude Bancario.
“Un empresario mexicano de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, ha sido acusado como resultado de los esfuerzos de una investigación de la multi-agencia (OCDETF), por los abogados Kenneth Magadison y Robert Pitman de los distritos Sur y Oeste de Texas, respectivamente. La acusación formal emitida esta tarde en Brownsville, Texas, se deriva de una investigación a largo plazo, dirigidas contra las supuestas actividades de lavado de dinero dentro de Estados Unidos”, detalla el comunicado.
“Este caso es otro ejemplo”, subraya la autoridad norteamericana, “de nuestra cooperación con varias agencias policiales y otras oficinas del abogado de EE. UU., incluyendo la evidencia aportada por el gobierno de México en contra de aquellos que tratan de eludir las leyes de los Estados Unidos”.
De 55 años, Fernando Alejandro Cano Martínez está acusado de conspiración para lavar instrumentos monetarios desde el 1 de enero de 1998, aproximadamente.
La acusación formal, detalla el comunicado, alega que Cano y otros conspiraron para utilizar una serie de entidades corporativas que formaron en Texas para el lavado de sobornos pagados a funcionarios de alto nivel electos, y candidatos a cargos tamaulipecos.
En ese esquema, se asegura en el documento, fueron adquiridos millones de dólares de activos principalmente de Bienes Raíces de Texas.
De igual forma el empresario victorense está acusado de cometer fraude bancario. Según la acusación, Cano y otros, “también participaron en una conspiración por separado en la adquisición de préstamos de instituciones financieras mediante la presentación de información financiera falsa a la bancos, con el fin de obtener los préstamos.
“Cano se encuentra prófugo y sigue habiendo una orden de detención pendiente en su contra. Cualquier persona con información sobre su paradero se le pide ponerse en contacto con Seguridad Nacional de Investigaciones (HSI) al (956) 542-7831 o (956) 542-5811, Radio 145*4*41047; desde México: 001-800-010-5237.
El mismo comunicado hace saber que al tiempo en que las acusaciones contra Fernando Cano Martínez eran presentadas por las oficinas del abogado de Estados Unidos en los Distritos Sur y Oeste de Texas, una demanda civil se promovía en Corpus, Christi, Texas, en relación a bienes presuntamente propiedad de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba.
En la denuncia se alega que Yarrington utilizó fondos ilícitos para comprar un condominio ubicado en la Isla del Padre, Texas. A través de prestanombres habría realizado la transacción por 450 mil dólares.
En San Antonio, por otra parte, la Oficina del Procurador de Estados Unidos presentó una acción civil con respecto a una propiedad comprada en 2006 por aproximadamente 6.6 millones de dólares, que habría sida obtenida con fondos ilícitos por Yarrington, Cano y otros.
“La conspiración de lavado de dinero lleva a un máximo posible de 20 años de pena privativa de libertad, en caso de condena. Cano también enfrentaría un periodo adicional de cinco años si es declarado culpable de conspiración para cometer fraude bancario”, advierte el comunicado.
“También se incluye en la acusación un aviso de intención de buscar un juicio por la suma de 20 millones de dólares por cada cargo y el decomiso de activos, entre ellos un avión y varias cuentas bancarias pertenecientes a Cano”, añade.
La investigación se llevó a cabo en Brownsville, San Antonio, Houston y Corpus Christi, Texas. Como parte de la investigación, los Estados Unidos buscaron pruebas de la Autoridad Central de México, a través de Tratado de Asistencia Legal Mutua vigente entre los Estados Unidos y México.
“Este caso está siendo procesado en el Distrito Sur de Texas por el Asistente de los Estados Unidos Abogados Charlie Lewis, Jody Young y Julie K. Hampton, y en el Distrito Oeste de Texas por el fiscal federal adjunto de María Nelda Valadez”.
SON LOS PRIMEROS DOS DE LA “ALERTA MIGRATORIA DE PGR”
Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba y Fernando Alejandro Cano Martínez son los primeros dos ciudadanos acusados formalmente en Estados Unidos de Norteamérica, de 46 que aparecieron en una Alerta Migratoria emitida por la PGR el 13 de enero pasado.
Aquella ocasión el Agente del Ministerio Público de la Federación, David Juárez Mora, solicitó a la SCT “su valiosa intervención, con el objeto de hacer conocimiento a todas las arolíneas que operan dentro del territorio nacional, así mismo de los vuelos privados (planes de vuelo) que en caso de tener o no registro, de entrada y salida a este país, en la lista de pasajeros, a través de la base de datos con la que cuentan las mismas de las personas que a continuación se describen”, y detallaban la lista con 46 nombres.
En la lista aparecían también Lucía Cecilia y Carola del Rosario Cano Martínez, hermanas del empresario victorense hoy investigado, así como el sobrino de éste, Manuel Muñoz Cano.
Fernando Alejandro Cano Martínez es, entre otras, propietario de la poderosa constructora “Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C. V.”.
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