Archivos Electrónicos como prueba en casos judiciales: su difícil acceso

Operación Océano: defensas y Fiscalía discutirán preguntas que le harán a una de las víctimas
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Darviña Viera, fiscal del caso.

Foto: Federico Gutiérrez

Varios abogados de los imputados pidieron que la audiencia se suspenda por falta de acceso a la prueba.

Las defensas de los 36 investigados en la causa Operación Océano, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de 5º Turno y las defensas de las 20 víctimas discutirán el martes las preguntas a realizarle a una de las víctimas para la primera declaración como prueba anticipada al juicio sobre explotación sexual de menores.

Antes de eso, la jueza penal de 33º turno, Beatriz Larrieu, deberá definir sobre el pedido de suspensión de la audiencia realizado por la defensa de 12 imputados, que insisten en que no tuvieron un acceso adecuado a la prueba y que no están en condiciones de presentar sus preguntas.

En el caso de que Larrieu rechace la solicitud, las partes comenzarán a discutir las preguntas que se le harán a la víctima en la prueba anticipada. La Fiscalía y cada abogado de los imputados y de las víctimas presentarán su cuestionario o listado de temas, que en varios casos supera las 30 preguntas. Cada pregunta puede ser rechazada u objetada por la otra parte, y la jueza Larrieu deberá ir definiendo hasta quedarse con un único pliego de preguntas.

En cuanto al contenido de las preguntas, las defensas de los imputados buscarán contradicciones de la víctima entre diferentes declaraciones, teniendo como principal argumento que los imputados desconocían la edad de la víctima. En tanto, las defensas de las víctimas buscarán centrar los puntos a tratar en el objetivo de comprobar si existió o no el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para ejecutar actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.

“Hay cuestiones en las que no necesariamente hay que meterse para resolver lo que tenemos que resolver, que es la existencia del delito y la prueba que acredite que el delito se configuró”, señaló a la diaria el abogado de parte de las víctimas Juan Raúl Williman.

Larrieu, que asumió la causa ante el ascenso de la jueza Adriana de los Santos, también deberá fijar la fecha en que se llevará a cabo la prueba anticipada propiamente dicha. Tanto los abogados de los imputados como los abogados de las víctimas sostienen que es conveniente que no pase demasiado tiempo entre la conformación de las preguntas y la concreción de la declaración, para preservar la eficacia de la prueba.

Ese día, la víctima declarará en una sala adyacente ante un funcionario, pero no responderá pregunta por pregunta, sino que mantendrá una conversación con el funcionario judicial que va tocando todos los temas planteados en el pliego que se cerrará el martes. Esa conversación será escuchada por todas las partes, que tendrán la posibilidad de repreguntar o pedir profundizar algunos puntos, siempre por intermedio del funcionario judicial.
Abogados de imputados insisten

Antes de la discusión del pliego de preguntas, Larrieu deberá definir sobre el pedido de suspensión de la audiencia, realizado por los abogados que insisten en que no pueden acceder a las pruebas en la carpeta investigativa.

Según señalaron a la diaria, de todos los archivos que les fueron entregados por Interpol, que pesan más de dos terabytes, sólo pudieron acceder a una mínima parte y las explicaciones dadas por la Policía Científica para abrirlos en la audiencia del 5 de febrero fueron consideradas “insuficientes” por las defensas, que aseguran que no pueden escuchar los audios o los archivos demoran demasiado tiempo en cargar.

Las defensas de los imputados plantearon que el legajo fiscal no garantiza la integridad de la información y a su vez 80% de los archivos de las pericias se encuentran en una situación de “indeterminación”, en referencia a que no puede conocerse su contenido por el nombre del archivo y no hay información que permita ordenarlos cronológicamente, para procesar adecuadamente la información.

En esa línea, algunos abogados indicaron que cuando pidieron asesoramiento a la Policía para facilitarles el acceso, les respondió que eso debía realizarlo a través de un asesoramiento particular. Ante esa situación, las defensas pidieron que en la audiencia del martes vuelva a participar la Policía Científica, lo que permitirá discutir concretamente cuáles son las dificultades de acceso y cómo solucionarlas.

Además, pidieron que la fiscal Viera muestre el legajo fiscal ante la jueza Larrieu, para comparar cantidad de archivos y formatos. Consultado sobre este punto, Williman dijo a la diaria que no le ve mayor sentido a esta solicitud, dado que el Código de Proceso Penal marca que ninguna evidencia a la que no haya accedido la defensa puede utilizarse como prueba en el juicio.

Williman hizo hincapié en que la instancia preparatoria de la prueba anticipada que se fijó para el martes debería haberse realizado el 8 de octubre del año pasado. La audiencia fue suspendida por diferentes circunstancias, principalmente por el reclamo de las defensas de los imputados de acceder a la prueba. “La prueba anticipada no requiere ninguno de los requisitos que se exigen, ni siquiera de acceso a la evidencia, ni que se llegue a cierto estado de la investigación. Podría darse de entrada sin una pericia hecha; eso pasa en un montón de casos de delitos sexuales”, señaló Williman.

El abogado comentó que la Policía Científica explicó que los documentos están estructurados en un índice que está guardado en un PDF linkeable hacia los documentos de la carpeta. “Sabiendo leer ese resumen, se lee todo”, comentó. Además, dijo que aquellos archivos que no se pueden abrir o figuran como dañados fueron eliminados desde el celular, por lo que no son accesibles para ninguna de las partes.

Si bien la instancia para resolver sobre la suspensión de la audiencia preparatoria estaba prevista para el lunes en la Oficina Penal Centralizada, la audiencia fue suspendida porque no se pudo realizar el contacto para teleconferencia con el único imputado que se encuentra en prisión preventiva, y como la ley establece que todos los imputados deben estar presentes, la definición se postergó para el martes. La audiencia será a las 8.30 en la sala Constitución del Palacio de los Tribunales.