SI HACEN UNA NUEVA LEY, HAREMOS UNA NUEVA TRAMPA

>>  martes, 31 de mayo de 2011

Irán crea una red propia para controlar Internet
http://www.abc.com.py/ / 31/05/2011 /
Financiados y dirigidos por el Organismo para la Propagación de la Ideología Islámica, su ambicioso objetivo es crear “Wiki-fiqh”, una enciclopedia similar a la que ya existe en la red pero dedicada exclusivamente a difundir y aclarar aspectos de la filosofía y la religión islámica.

Su meta, colocar el Islam en el ciberespacio “en un momento en el que la rápida comunicación electrónica conecta a gente de todo el mundo” y en el que las redes sociales son “fuente de saber y foro para la discusión académica”, explica su director, el clérigo Mehdi Khamoushi.

La “wiki-fiqh” es uno de los ejemplos más claros del doble rasero con el que el régimen iraní se acerca a internet, en un país con más de 20 millones de usuarios, millones de web censuradas y ataques constantes a las libertades de expresión y prensa.

La última vuelta de tuerca es el proyecto para la creación de una red propia, de una gigantesca red doméstica nacional que aislará a los iraníes de la gran malla mundial y facilitará al régimen la tarea de controlar el flujo de información que navega libremente por internet.

Así lo anunció en febrero Reza Bagheri, alto cargo del Ministerio iraní de Telecomunicaciones, quien subrayó que en breve el 60 por ciento de las casas y negocios iraníes estarían conectados a una red nacional.

Solo organismos gubernamentales, instituciones religiosas, proyectos como “wiki-fiqh” o medios con vocación de propaganda externa seguirán vinculados a la red internacional.

“Este es el penúltimo de los ataques a la libertad de las personas de este régimen. Pero como otras veces, nos adelantaremos. Si hacen una nueva ley, haremos una nueva trampa”, explica a Efe el dueño de un cibercafé del norte de Teherán, que por seguridad pide no ser identificado.

Son cerca de las 11.00 horas de un día laborable, y ya no queda ni un puesto libre frente a los ocho ordenadores que se constriñen en unos 20 metros cuadrados de espacio.

Una rápida ojeada permite comprobar que más de la mitad de los clientes, todos ellos veinteañeros, consultan redes sociales como “Facebook”.

Evidentemente, todas las máquinas están equipadas con algún tipo de programa de filtrado, que permite regatear la censura oficial, que tiene bloqueado el acceso a esta red social y a otros millones de sitios web de todo el mundo.

Sin esos programas de filtrado, un usuario que quiera consultar diarios como el británico “The Guardian” o los españoles “El País” o el deportivo “As”, es redireccionado a una web del Estado que advierte de que visitarlas atenta contra la ley y recomienda páginas alternativas, como una sobre El Corán.

Pese a que en febrero de 2010 la Policía iraní avisó de que el uso de estos filtros constituye un delito y quien lo haga puede ser procesado y castigado, su empleo es común tanto en cibercafés como en domicilios.

Su mayor defecto es que suelen reducir la velocidad de conexión, ya de por sí baja en un país donde el acceso a internet privado con banda ancha está sólo al alcance de privilegiados, pues no todas las líneas están habilitadas y una buena conexión de un giga ronda los 4.500 dólares anuales.

“No, no tengo miedo a que me detengan o cierren el local. Creo que es un derecho por el que vale la pena arriesgarnos”, insiste el dueño del cibercafé.

Esta guerra cibernética se agudizó tras las protestas post-electorales de 2009, durante las cuales las autoridades trataron de impedir la difusión de vídeos y el acceso a las redes sociales con una reducción drástica de la velocidad de descarga y subida de archivos.

En el marco de este pulso entre la sociedad y el régimen, la Policía creó en enero pasado una división especial encargada de vigilar servidores y usuarios, y prevenir lo que ha dado en llamar “delitos cibernéticos”.

Además, la Guardia Revolucionaria, cuerpo de élite de las Fuerzas de Seguridad iraníes y brazo ideológico del régimen, tiene una división similar, que en febrero del pasado año se vanaglorió de haber pirateado 29 páginas web “que espiaban para Estados Unidos”.

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ARCHIVOS DIPLOMÁTICOS SERÁN DESCLASIFICADOS

ACUERDO CON ITALIA IMPULSARA DESCLASIFICACION DE ARCHIVOS SOBRE DESAPARECIDOS
http://www.elpatagonico.net / 31/05/2011 / Télam, enviados especiales
El Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anunció hoy que Argentina e Italia firmarán un memorando de entendimiento por medio del cual el gobierno italiano va a “impulsar la desclasificación” de archivos diplomáticos sobre los desaparecidos durante la última dictadura militar argentina.
El acuerdo será suscrito mañana por el canciller argentino Héctor Timerman y su par italiano, Franco Frattini, en presencia de Duhalde y el presidente del archivo de la Memoria, Ramón Torres Molina, en el marco de la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Roma.
El gobierno italiano se compromete así a “impulsar la desclasificación de la documentación obrante en los consulados y embajadas sobre desaparecidos italianos en Argentina o descendientes de italianos, o argentinos que fueron desaparecidos en la mismas operaciones que italianos”, explicó Duhalde a Télam.
Se trata de “archivos diplomáticos” en los que constan denuncias de desapariciones forzadas o torturas realizadas por italianos o sus familiares ante las representaciones diplomáticas o consulares, concretó.
Duhalde señaló que con este acuerdo “el gobierno italiano manifiesta su voluntad de impulsar esta desclasificación dado que aquí, en Italia, rige una ley severa de protección de datos personales y hay que sortear los impedimentos que la misma presenta”.
La mencionada ley impide hacer públicos datos personales a menos que exista una autorización para ello, que en este caso requiere aprobación parlamentaria.
El Secretario de Derechos Humanos aseguró que primero “se creará una comisión bilateral que acordará los términos y los pasos a seguir” para la entrega de la documentación, que “esperábamos que no sean demasiado engorrosos”.
“Estando empeñada la voluntad del gobierno italiano y con los antecedentes que hay en Italia por los juicios que hubo a represores, no creo que haya problemas”, insistió.
En tanto, Duhalde subrayó que “contar con esta documentación oficial puede servir para los juicios que se desarrollan en Argentina”. También supone una contribución a la memoria histórica, dijo.
“Es un gran avance porque en estos años no hemos tenido igual correspondencia de otros países, como es el caso de España, que no nos ha proporcionado esta documentación a pesar de que el reclamo fue constante, incluso a través de la comisión de familiares de españoles desparecidos en Argentina”, señaló.
También el Senado de Estados Unidos no autorizó una solicitud similar, algo que, según Duhalde, “se entiende más por su complicidad y responsabilidad con la dictadura argentina en esta materia”.
Estados Unidos “ha sido más que cómplice instigador; pero en el caso de España no se explica, aunque no nos cabe duda de que hubo entendimiento entre los servicios de inteligencia español y argentino durante la dictadura”, subrayó.
A pesar de ello, el Secretario de Derechos Humanos destacó la labor que se está haciendo con las Comunidades autónomas españolas, que han financiado la investigación del archivo que ha permitido la publicación de un listado de desaparecidos españoles de estas regiones.
Finalmente, Duhalde se refirió al proyecto de ley de memoria histórica impulsado por el gobierno nacional, que cuenta con una serie de artículos relativos al archivo de la memoria y que deroga legislación interna como la ley de Defensa Nacional o de la Side, que protegen documentación sobre las desapariciones en Argentina. (Télam).-

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JUSTICIA BONARENSE DESTRUIRÁ EXPEDIENTES SEGÚN RESOLUCIÓN

Los tapó el papel
http://www.diariojudicial.com / 31/05/2011
La Justicia bonaerense resolvió a través de una resolución destruir expedientes de todos los fueros. La decisión fue tomada teniendo en cuenta la falta de espacio que están empezando a sufrir desde las dependencias del Poder Judicial de Buenos Aires.
La Corte Suprema de Buenos Aires tiene un objetivo: generar espacio en sus dependencias. Recuperar el lugar ocupado por miles de expedientes que, en gran parte, están allí desde hace décadas.

Por eso, a través de la resolución 1061/2011, determinaron que existe la “necesidad de definir acciones para avanzar y fortalecer las actividades vinculadas con la destrucción de expedientes en los Archivos Departamentales”, teniendo en cuenta “la emergencia edilicia declarada para el Poder Judicial por la Ley 13.795 y en consonancia con otras acciones en marcha y proyectadas tendientes a la racionalización de los espacios”.
La Subsecretaría de Control de Gestión realizó un relevamiento a través de diferentes juzgados y como consecuencia el Máximo Tribunal bonaerense advirtió “la necesidad de optimizar y fortalecer la gestión asociada a la destrucción de expedientes en los Archivos Departamentales de todos los fueros”.
Los ministros entendieron que si bien ya se estaban realizando acciones para eliminar todo el material que era obsoleto, la “capacidad de almacenamiento generada” seguía siendo “reducida y cubierta rápidamente”.

A este respecto destacaron que “la circunstancia aludida constituye un fuerte limitante para ejecutar los trabajos encomendados a los distintos actores intervinientes”. También destacaron que esta situación genera un “impacto sobre los órganos que se ven postergados de remitir material para archivar por el limitado calendario de turnos y la baja cantidad de legajos a recepcionar”.
Por eso, a través de la resolución se creó el “Programa de relevamiento, organización y destrucción de expedientes”, cuyo objetivo es “relevar, clasificar, seleccionar y destruir los materiales archivados”.
A través de esta medida también se buscará “relevar el estado de situación de los Archivos Departamentales respecto al material archivado, el cumplimiento de las pautas normativas y la periodicidad establecida para la destrucción de expedientes, libros y registros que se encuentren en condiciones de realizar”.
Asimismo, fue designado como coordinadora del Programa María Lorena Rodríguez, que ya estaba desarrollando funciones como abogada inspectora de la Subsecretaría de Control de Gestión.


Resolución 1061/2011 de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires

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