Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales

El Senado aprobó el endurecimiento de penas en casos de trata de personas

http://www.andigital.com.ar/ 31/10/2011/

Durante la sesión del Senado de este miércoles se dio media sanción y se giraron a la Cámara de Diputados los proyectos de endurecimiento del castigo a los implicados en la trata de personas, con 59 votos afirmativos, y la creación de un “Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales”, con 52 votos afirmativos.

En el inicio de la sesión, el senador por el Peronismo Federal Adolfo Rodríguez Saá solicitó el tratamiento sobre tablas de su proyecto de boleta única y lo argumentó señalando las denuncias señaladas por la oposición durante la última elección, como “la falta de distribución de las boletas, el robo organizado de las mismas y la falencia del escrutinio provisorio que se realiza con la información de los telegramas”.

Al respecto, los senadores Ernesto Sanz por la UCR; Oscar Castillo, por el Frente Cívico y Social; María Eugenia Estenssoro, por la Coalición Cívica y Luis Juez, por el Frente Cívico, comprometieron su apoyo para el tratamiento de la propuesta.

Por su parte, el senador Marcelo Fuentes del FpV fue el encargado de defender la postura del oficialismo que no apoya el tratamiento de dicho proyecto. Señaló que “no hay que debatir el instrumento sino los temas importantes que hacen a la calidad institucional”. Sobre el final del debate se desestimó su tratamiento por no alcanzar los dos tercios de los votos.

En el inicio de la sesión, los senadores brindaron su acuerdo para la designación de 44 jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos fueron analizados en la Comisión de enviados a la Cámara Alta durante las últimas semanas.

Trata de Personas

El primer tema tratado y aprobado -por unanimidad con 59 votos afirmativos - fue el proyecto de ley que endurece el castigo a los implicados en la trata de personas. Los cambios a la ley de trata fueron elaborados en base a los proyectos presentados por los senadores Beatriz de Alperovich, Sergio Mansilla, Adriana Bortolozzi, Liliana Negre de Alonso, Roy Nikish y Juan Carlos Romero.

En tal sentido, la miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Sonia Escudero señaló que “según estadísticas existen 250 mil personas que son víctimas de tráfico en América Latina” y agregó que “las ganancias por este delito son de 31.600 millones de dólares por año”.

“Cuando estamos frente a delitos de esta magnitud creemos que el derecho penal debe aplicarse con toda rigurosidad”, indicó Escudero y luego explicó la propuesta en base a tres criterios, por un lado “las modificaciones a la actual Ley de trata, las nuevas instituciones que se crean para proteger a las víctimas y finalmente las modificaciones al Código Penal y Código Procesal Penal”.

Las modificaciones a la Ley 26.364 implican, entre otras cosas, no contemplar el consentimiento de la víctima si es mayor de edad como atenuante de la responsabilidad de un acusado de trata de personas.  También apunta a una nueva definición del delito de trata de personas y a crear organismos nacionales para facilitar la búsqueda, asistencia y reparación del daño a las víctimas de este delito.

La medida entiende por trata de personas al ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. Prevé además castigos cuando “se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados y cuando se promoviere la prostitución ajena o la prostitución infantil”.

La iniciativa establece además volcar recursos para la asistencia y la reparación del daño a las víctimas, al tiempo que determina que deben recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez así como también disponer de asistencia psicológica y médica gratuitas. Además obliga al Estado a brindar alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal a las personas que sufrieron el delito de trata.

También la normativa plantea la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, dentro de la Jefatura de Gabinete y de un Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, integrado por representantes de los ministerios de Seguridad, Justicia y Desarrollo Social y de Trabajo.

Entre otras tareas, deberá diseñar estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir y combatir el delito de trata, y a proteger y asistir a las víctimas y sus familias. Asimismo se crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre el Delito de Trata de Personas, y se le asigna el número telefónico 145 en todo el territorio nacional.

Sobre el final del tratamiento de esta propuesta, la senadora María Eugenia Estenssoro señaló que se acababa de conocer a través de los medios la aparición sin vida del cuerpo de la niña Candela que había desaparecido la semana pasada. En tal sentido manifestó la necesidad de aprobar proyectos de esta magnitud para prevenir estos casos.

Registro de Abusadores Sexuales

Luego de casi cuatro horas de iniciada la sesión los senadores abordaron el tratamiento de la propuesta de creación de un “Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales”, que fue aprobada por unanimidad con 52 votos afirmativos.

La miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, senadora Sonia Escudero  indicó que “el proyecto es importantísimo para esclarecer delitos contra la integridad sexual” y agregó: “no estamos buscando estigmatizar a una persona condenada. Este banco reserva datos sensibles y no es accesible a todos los ciudadanos, sólo a jueces y fiscales”.

Este proyecto es una unión de tres iniciativas de los senadores, Sonia Escudero, Miguel Ángel Pichetto y Ramón Mestre. El texto propone la creación de este registro que dependerá del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y tendrá como objetivo facilitar el esclarecimiento de los hechos en el marco de una investigación judicial vinculada a delitos contra la integridad sexual, para proceder en cuanto a la individualización de las personas responsables.

El banco tendrá dos secciones, una destinada a personas condenadas con sentencia firme por la comisión de esos delitos. En esos casos, el juez ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el Registro. La otra fuente son los autores no individualizados de delitos a partir de la información genética identificada en las víctimas.

Las constancias serán consideradas datos sensibles y de carácter reservado: “El Registro dispondrá lo necesario para la conservación de un modo inviolable e inalterable de los archivos de información genética y de las muestras obtenidas”.  Los exámenes se practicarán en laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Previo a la votación, los senadores Pichetto, Sanz y Cabanchik hicieron pública su preocupación sobre varios proyectos aprobados por unanimidad en el Senado que pueden perder estado parlamentario por su falta de tratamiento en la Cámara de Diputados. Por tal motivo el pleno acordó realizar tratativas para acelerar su tratamiento en la Cámara Baja.

Otros proyectos

Más adelante los senadores también aprobaron, por 45 votos afirmativos y por unanimidad, la autorización para el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino y la salida de soldados de nuestro país al exterior para la realización de ejercicios militares, tal como se hace todos los años.

También se aprobaron en conjunto con 48 votos afirmativos y por unanimidad proyectos como: establecer la obligatoriedad de que los bancos informen sobre el costo de las operaciones realizadas por los cajeros automáticos; la creación de la Cuenta Básica de Ahorros Gratuita para todos los ciudadanos que sean consumidores finales; la expropiación de un inmueble en Salta para transferirlo a las Comunidades Indígenas “Misión Wichi Chowayuk” y “Misión Wichi Sopfwayuk” y la propuesta que establece que el primer vencimiento de pago de las facturas de servicios públicos se opere luego del quinto día hábil de cada mes. Todos los proyectos fueron girados a la Cámara de Diputados. (ANDigital)