La prueba digital y la prueba sintética

La prueba digital como categoría autónoma: del documento electrónico a la prueba sintética

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Por María Luisa García Torres

Tras más de veinticinco años desde la aprobación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -en adelante, LEC-, puede afirmarse que la regulación de la prueba ha quedado desbordada por la realidad tecnológica. El Legislador del año 2000 difícilmente podía anticipar la dimensión probatoria que hoy alcanzarían las evidencias generadas, almacenadas, transmitidas o conservadas en entornos digitales

La tecnología ha transformado la forma en que los hechos se producen, se registran, se comunican, se conservan y desaparecen. Sin embargo, la LEC no ha dado todavía el paso decisivo: reconocer la prueba digital como una categoría probatoria autónoma, con reglas propias sobre aportación, preservación, impugnación, autenticidad, integridad, trazabilidad, metadatos y cadena de custodia.

En la práctica forense se incorporan cada día fuentes digitales muy diversas: comunicaciones electrónicas, contenidos en plataformas, archivos en la nube, registros de actividad, metadatos, trazas de geolocalización, certificados, evidencias procedentes de dispositivos conectados, documentos estructurados, transacciones digitales, código fuente, algoritmos o expedientes electrónicos administrativos. A ello se suma la prueba sintética creada mediante Inteligencia Artificial Generariva -en adelante, IAG-. Todas estas fuentes pueden ser decisivas para acreditar hechos relevantes, pero no encajan siempre en la categoría clásica de documento electrónico ni en los instrumentos de reproducción de palabra, sonido, imagen o datos.

El desfase de la LEC frente a la realidad tecnológica

La LEC contiene algunas previsiones que permiten la entrada de la evidencia tecnológica en el proceso. El art. 299, junto a los medios de prueba clásicos, admite los instrumentos de filmación, grabación y reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como aquellos que permiten archivar, conocer o reproducir datos relevantes para el proceso; previsión desarrollada en los arts. 382 a 384 de la LEC. Por su parte, el art. 326 de la LEC incorpora reglas sobre el documento electrónico privado, especialmente en relación con su autenticidad, integridad, fecha y hora cuando intervienen servicios electrónicos de confianza.

Estas previsiones, aunque relevantes, resultan insuficientes. Permiten incorporar soportes, instrumentos o documentos electrónicos, pero no ofrecen una regulación completa de la prueba digital como fenómeno probatorio propio. La LEC no atiende de forma sistemática a cuestiones decisivas como la preservación de la fuente, los metadatos, la trazabilidad, la cadena de custodia, la impugnación técnica o la dependencia de terceros custodios.

El problema es que la prueba digital no se reduce al soporte ni al contenido visible. Una captura de pantalla puede mostrar un mensaje, pero no acredita por sí sola su origen, integridad, contexto, fecha real, autoría o correspondencia con la fuente original. Una publicación en redes sociales tampoco es solo una imagen o una URL: puede implicar perfiles, identificadores, historial de edición, eliminación posterior y datos custodiados por la plataforma. La apariencia de la evidencia no basta, porque lo relevante no es solo lo que muestra, sino de dónde procede, cómo se obtuvo, cómo se conservó y si puede verificarse técnicamente.

A esta complejidad se añade la prueba sintética generada mediante IA. Imágenes, audios, vídeos, textos, documentos o comunicaciones pueden crearse artificialmente con apariencia de realidad, simulando hechos, declaraciones o conversaciones inexistentes. En este caso, la cuestión ya no es solo si una evidencia digital ha sido alterada o descontextualizada, sino si ha sido creada, reconstruida o modificada artificialmente por un sistema de IAG.

Por ello, la prueba sintética empieza a perfilarse como una categoría emergente dentro del Derecho Procesal digital. A diferencia de la prueba digital, que registra o conserva información vinculada a hechos reales en entornos digitales, la prueba sintética se caracteriza por su origen artificial: puede simular, ilustrar o modelar hechos, situaciones o datos sin depender necesariamente de un acontecimiento real previo. Esta realidad exige atender a su procedencia, metadatos, contexto de generación, posible manipulación sintética, intervención pericial especializada y, cuando sea posible, trazabilidad de la herramienta utilizada.

Tratar la prueba digital únicamente como documento electrónico, o encajarla de forma residual en los instrumentos de reproducción de palabra, sonido, imagen o datos, supone reducir una realidad compleja a categorías insuficientes. La prueba digital -y, en su caso, sintética- incluye documentos, pero también datos, registros, trazas, metadatos, comunicaciones, evidencias de sistema, logs, código, algoritmos, certificados, sellos de tiempo, registros de dispositivos y evidencias alojadas o custodiadas por terceros. Algunas fuentes podrán incorporarse mediante las categorías actuales; otras exigirán soporte, metadatos, certificación, preservación, pericia o cadena de custodia.

La regulación vigente resulta, por tanto, fragmentaria. No regula de forma sistemática el ciclo completo de la prueba digital: identificación, obtención, preservación, aportación, impugnación, autenticación, trazabilidad, custodia y valoración. La diferencia no es terminológica, sino procesal: si la prueba digital se regula solo como documento electrónico o como instrumento de reproducción, el proceso puede valorar su apariencia sin examinar suficientemente su fiabilidad técnica.

Superar el reduccionismo documental: prueba digital y prueba sintética

La regulación de la prueba digital como categoría autónoma debe partir de una idea básica: no todas las evidencias tecnológicas exigen el mismo nivel de garantía técnica. Una conversación de WhatsApp, un correo electrónico, una captura de pantalla, un archivo, un log o una evidencia alojada en una plataforma no presentan siempre los mismos riesgos ni requieren idéntico tratamiento procesal. La intensidad del control debe depender de la naturaleza de la fuente, su relevancia para el litigio, el riesgo de manipulación, la forma de obtención, la disponibilidad de metadatos y el alcance real de la impugnación.

Precisamente por eso, la LEC debería ofrecer reglas específicas y proporcionadas. Se trata de evitar dos extremos igualmente inadecuados: la ingenuidad tecnológica, que acepta cualquier evidencia digital como si fuera una reproducción objetiva e inalterable de la realidad; y el formalismo paralizante, que exige cadena de custodia perfecta o pericial informática completa para cualquier elemento digital, aunque su autenticidad o integridad no estén seriamente discutidas. El proceso necesita un modelo equilibrado: ni confianza acrítica en la apariencia digital, ni exigencias técnicas desproporcionadas que dificulten injustificadamente el acceso a la prueba.

Una regulación adecuada debería partir de una definición amplia. Podría entenderse por prueba digital toda información, dato, archivo, comunicación, registro, metadato, traza, contenido o evidencia generada, almacenada, transmitida, tratada, publicada o conservada mediante sistemas, dispositivos, aplicaciones, redes, plataformas o servicios digitales, susceptible de acreditar hechos relevantes en el proceso. La prueba digital no es una modalidad menor del documento electrónico. Es un ecosistema probatorio propio, que exige reglas adaptadas a su origen, conservación, trazabilidad, impugnación y valoración.

Junto a ello, la regulación debería empezar a contemplar la prueba sintética. Por tal cabría entender aquella evidencia creada, reconstruida o modificada artificialmente mediante sistemas tecnológicos, especialmente mediante IA generativa, con el objetivo de simular, ilustrar o modelar hechos, situaciones o datos, aprovechando grandes volúmenes de información, sin que resulte decisivo si existe o no intención de engañar. Esta categoría evidencia que el problema ya no se limita a comprobar si una prueba digital ha sido manipulada, sino también si aquello que aparenta acreditar llegó realmente a existir.

Los ocho pilares de una regulación procesal específica

Por todo lo dicho, la LEC debería regular, al menos, ocho cuestiones esenciales.

1.ª Forma de aportación. La prueba digital debería poder incorporarse en soporte electrónico, con indicación de su origen, formato, sistema de procedencia y, cuando resulte necesario, metadatos asociados. La impresión o la captura no pueden seguir siendo la vía ordinaria de aportación, porque pueden empobrecer la prueba y ocultar elementos relevantes para su valoración.

2.ª Autenticidad e integridad. La ley debería diferenciar entre autenticidad de la fuente, integridad del contenido, autoría, fecha, contexto y correspondencia con el original digital. Además, la impugnación no debería formularse de forma genérica, sino concretando qué se cuestiona: origen, autoría, metadatos, extracción, cadena de custodia, fiabilidad del sistema o correspondencia con la fuente original.

3.ª Preparación del proceso y diligencias preliminares digitales. La ley debería regular las diligencias preliminares digitales para identificar al posible demandado, localizar la fuente digital, determinar quién la controla o conocer el tercero que custodia la información necesaria antes de iniciar el proceso, como instrumento para preparar la demanda.

4.ª Cadena de custodia digital. No debe configurarse como requisito absoluto para toda evidencia tecnológica, pero sí como garantía de fiabilidad cuando la naturaleza de la fuente lo exija. Su función es documentar quién obtuvo la evidencia, cómo, cuándo, desde qué fuente, dónde se conservó, quién accedió a ella y si permaneció íntegra. Su ausencia no debería determinar siempre la inadmisión, aunque sí incidir en la valoración cuando se discuta la autenticidad o integridad.

5.ª Preservación temprana. La prueba digital puede desaparecer antes de que el proceso esté en condiciones de practicarla: publicaciones eliminadas, cuentas cerradas, logs sobrescritos, archivos sin metadatos o conversaciones alteradas lo evidencian. Por ello, la LEC debería permitir que, ante riesgo de pérdida, alteración, supresión, sobrescritura o inaccesibilidad de una fuente digital relevante, el tribunal ordene su conservación temprana. Preservar no es practicar la prueba: es impedir que la fuente desaparezca o pierda fiabilidad antes de poder aportarse con garantías.

6.ª Terceros custodios. Muchas fuentes digitales están en poder de plataformas, proveedores cloud, operadores, administradores de sistemas, entidades financieras, empresas, universidades o Administraciones. La LEC debería permitir órdenes judiciales de preservación, conservación o exhibición frente a estos terceros, con delimitación precisa de los datos afectados, periodo temporal, finalidad, plazo y garantías de confidencialidad, protección de datos y derechos fundamentales.

7.ª Pericial informática. En línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo -véase por todas la Sentencia 116/2025, de 13 de febrero-, la pericial no debería ser obligatoria en todo caso, pero sí ocupar un lugar claro cuando se discutan autenticidad, integridad, manipulación, metadatos, extracción, funcionamiento del sistema, fiabilidad técnica o cadena de custodia. El tribunal no tiene que convertirse en técnico, pero el proceso debe proporcionarle herramientas suficientes para valorar racionalmente la evidencia digital.

8.ª Prueba sintética generada por IA. La LEC debería contemplar que una evidencia digital puede no haber sido solo alterada, editada o descontextualizada, sino creada, reconstruida o modificada artificialmente mediante sistemas de IAG. Esta realidad merece reconocerse como categoría autónoma, porque su problema principal no es solo la manipulación de una fuente preexistente, sino la creación artificial de una apariencia probatoria. Cuando existan indicios de generación sintética o manipulación algorítmica, el proceso debería permitir exigir información sobre procedencia, contexto de creación, metadatos, herramienta utilizada, trazabilidad técnica y, en su caso, intervención pericial especializada.

Una necesidad transversal

Esta arquitectura de garantías probatorias digitales debería proyectarse también sobre los demás órdenes jurisdiccionales. La LEC puede servir como regulación supletoria, pero la prueba digital necesita reflejo específico en la jurisdicción contencioso-administrativa, social y penal.

En el ámbito contencioso, afecta al expediente electrónico, los metadatos administrativos, los registros de sede, las actuaciones automatizadas y el control de la Administración digital. En el orden social, resulta decisiva en relación con correos corporativos, registros de jornada, sistemas de control, teletrabajo, geolocalización, mensajería interna, dispositivos de empresa o algoritmos de organización del trabajo.

También el proceso penal necesita reglas propias. En delitos digitales, violencia de género digital, acoso, amenazas, sextorsión, difusión no consentida de imágenes, suplantación o delitos contra la intimidad, preservar tarde equivale muchas veces a no poder probar. La evidencia puede desaparecer en minutos; de ahí la necesidad de protocolos de preservación temprana, órdenes urgentes a plataformas y una cadena de custodia digital capaz de resistir el borrado, la manipulación y la volatilidad técnica.

La conclusión es clara

La modernización probatoria no puede limitarse a admitir documentos electrónicos. Regular solo el documento electrónico es mirar la prueba digital desde el papel; regularla como categoría autónoma es asumir que hoy la prueba se construye también con datos, trazas, metadatos, registros, comunicaciones, plataformas, algoritmos, sistemas, terceros custodios y, por qué no, también con IA.

En el entorno digital, probar no es solo aportar: es identificar, preservar, autenticar, contextualizar, custodiar, impugnar y valorar con garantías. La LEC no necesita únicamente admitir tecnología en el proceso; necesita comprender procesalmente cómo nace, circula, se conserva, se altera, se cuestiona y se valora la evidencia digital. Y, además, debe asumir que la IAG no solo puede alterar la prueba, sino crear artificialmente una apariencia probatoria. Regular la prueba digital -y abordar la prueba sintética como categoría emergente- no es una opción técnica. Es una exigencia procesal de tutela judicial efectiva.