EN PELIGRO CONTINUACION DE ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE SAN JUAN DE LA RAMBLA
>> lunes, 25 de marzo de 2013
Los socialistas de San Juan de la Rambla afirman que el pago al nuevo grupo de gobierno obliga a desmantelar servicios esenciales
http://www.sanborondon.info/ 25/03/2013
Fidela Velázquez afirma que “la sorpresa y la indignación inicial de las actuaciones del nuevo grupo de gobierno parece no remitir, y lo esperado, que era que asistiríamos atónitos al desmantelamiento de la estructura mínima administrativa para, a través de ese ahorro, subvenir los salarios incrementados del grupo acrecentado de ediles y sus satélites, se está confirmando día a día”, afirma.
Velázquez, que añade: “cuando llegamos, en 2011, presenciamos, horrorizados, el estado del archivo municipal, desastroso e imposible de manejar por el desorden y la desidia en que se encontraba, a lo que había que añadir lo mismo, además del elevado grado de deterioro del archivo histórico, algunos de cuyos centenarios documentos estaban prácticamente ilegibles, mojados y casi irrecuperables, en lo que constituía una grave dejación del deber de custodia de los documentos públicos y una prueba palpable de la ignorancia e irresponsabilidad de los que gobernaron durante 24 años en el municipio, los mismos que ahora han retomado el poder, y, por lo que se ve, la desidia precedente”. “Inmediatamente”, continúa, “tras un meticuloso informe del Archivo Histórico provincial, nos dispusimos a resolver tal estado de cosas, y tras el asesoramiento del propio Archivo Provincial, procedimos a la contratación de una empresa que comenzó a la resolución paulatina de los problemas y a la actuación sobre el archivo histórico, el más vulnerable”.
“Hemos dejado prácticamente acabados los trabajos en el archivo histórico, y gestionada a través del Archivo Histórico una subvención para la rehabilitación de los documentos, y cuando se iba a proceder a actuar con los documentos más recientes, cuyo estado impide la localización simple de cualquier documento, ha llegado AIS-CC-PP con la rebaja que precisan para costear sus salarios (más de cien mil euros más anuales que los consignados presupuestariamente para la corporación anterior) y han decidido no continuar con los trabajos de organización del archivo, en una decisión que podría suponer un delito”. “A lo anterior, hay que añadir que no se ha pagado, como se dejó ordenado, el software usado para el archivo de los documentos, con lo cual corremos el riesgo de quedarnos sin constancia del trabajo realizado, ni poder acceder a los documentos de manera automática tras consultar los ficheros informáticos”.
Velázquez manifiesta que “los socialistas y el resto de la población ramblera asistimos, con horror, a la exhibición impúdica de los nuevos gobernantes del más absoluto desprecio a la legislación vigente y al deber de custodia de documentos de toda corporación o institución pública, deber que tiene que garantizar el propio Secretario, que tendría que realizar la preceptiva advertencia a los nuevos gobernantes, que al parecer ignoran, pese a los elevados sueldos que cobran, que dentro de sus responsabilidades está el de custodio en perfecto estado de los documentos de la administración a la que sirven”.
Fidela Velázquez afirma que “la sorpresa y la indignación inicial de las actuaciones del nuevo grupo de gobierno parece no remitir, y lo esperado, que era que asistiríamos atónitos al desmantelamiento de la estructura mínima administrativa para, a través de ese ahorro, subvenir los salarios incrementados del grupo acrecentado de ediles y sus satélites, se está confirmando día a día”, afirma.
Velázquez, que añade: “cuando llegamos, en 2011, presenciamos, horrorizados, el estado del archivo municipal, desastroso e imposible de manejar por el desorden y la desidia en que se encontraba, a lo que había que añadir lo mismo, además del elevado grado de deterioro del archivo histórico, algunos de cuyos centenarios documentos estaban prácticamente ilegibles, mojados y casi irrecuperables, en lo que constituía una grave dejación del deber de custodia de los documentos públicos y una prueba palpable de la ignorancia e irresponsabilidad de los que gobernaron durante 24 años en el municipio, los mismos que ahora han retomado el poder, y, por lo que se ve, la desidia precedente”. “Inmediatamente”, continúa, “tras un meticuloso informe del Archivo Histórico provincial, nos dispusimos a resolver tal estado de cosas, y tras el asesoramiento del propio Archivo Provincial, procedimos a la contratación de una empresa que comenzó a la resolución paulatina de los problemas y a la actuación sobre el archivo histórico, el más vulnerable”.
“Hemos dejado prácticamente acabados los trabajos en el archivo histórico, y gestionada a través del Archivo Histórico una subvención para la rehabilitación de los documentos, y cuando se iba a proceder a actuar con los documentos más recientes, cuyo estado impide la localización simple de cualquier documento, ha llegado AIS-CC-PP con la rebaja que precisan para costear sus salarios (más de cien mil euros más anuales que los consignados presupuestariamente para la corporación anterior) y han decidido no continuar con los trabajos de organización del archivo, en una decisión que podría suponer un delito”. “A lo anterior, hay que añadir que no se ha pagado, como se dejó ordenado, el software usado para el archivo de los documentos, con lo cual corremos el riesgo de quedarnos sin constancia del trabajo realizado, ni poder acceder a los documentos de manera automática tras consultar los ficheros informáticos”.
Velázquez manifiesta que “los socialistas y el resto de la población ramblera asistimos, con horror, a la exhibición impúdica de los nuevos gobernantes del más absoluto desprecio a la legislación vigente y al deber de custodia de documentos de toda corporación o institución pública, deber que tiene que garantizar el propio Secretario, que tendría que realizar la preceptiva advertencia a los nuevos gobernantes, que al parecer ignoran, pese a los elevados sueldos que cobran, que dentro de sus responsabilidades está el de custodio en perfecto estado de los documentos de la administración a la que sirven”.
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