Supuesto extravío de archivos para negar información a ciudadanos
>> viernes, 25 de marzo de 2016
Pérdida de documentos evidencia falta de rigor para proteger archivos
http://www.elsalvador.com/ 25/03/2016
El IAIP reporta seis casos donde las instituciones públicas aseguran extravío, inexistencia o destrucción de información de carácter público.
Desde que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública en mayo de 2011, se han presentado al menos seis casos donde las instituciones del Estado involucradas han argumentado el supuesto extravío de archivos para negar información a ciudadanos, algo que genera dudas en instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sobre la capacidad resguardo de documentos por parte de los oficiales de acceso a la información pública de las instancias involucradas.
En este contexto el IAIP considera que en el país no hay cultura ni tradición en el manejo de los archivos públicos, lo cual hace más complicado que esta instancia colegiada cumpla con su obligación de mejorar en la gestión documental y de archivos en más de 300 instituciones del Estado y sus autónomas.
Desde este punto de vista el comisionado del IAIP, Jaime Campos, considera que los extravíos y la destrucción de documentos refleja la necesidad de crear una Ley General de Archivos, sobre todo porque existe “una vieja tradición” en los funcionarios públicos de considerar la documentación de su gestión como un patrimonio personal, lo cual afecta en su resguardo y abre espacio a arbitrariedades que restringen el derecho y acceso a la información.
“Es urgente que como sociedad abramos un debate sobre la necesidad de un marco legal que garantice el cuido de los archivos y expedientes de todo tipo de información, no es posible que se pierdan documentos que son de interés público”, analizó Campos.
El supuesto extravío de los registros de los viajes del expresidente Mauricio Funes por parte de Casa Presidencial y la destrucción de documentos en el Ministerio de Economía, han sido los casos más sonados y recientes, pero Campos recuerda que el primer caso que se conoció es el de un informe especial elaborado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre títulos irregulares de Licenciados en Ciencias Jurídicas, conocido como “informe Vidales”.
En dicho informe constan los nombres de decenas de abogados bajo sospecha de haber obtenido su título universitario de forma anómala, hecho público en 2001 y que estuvo a cargo de Roberto Vidales, fiscal especial para esta investigación ordenada por el entonces titular del ministerio público, Belisario Artiga.
Campos señala que una ciudadana pidió en noviembre de 2013 el reporte pero que la FGR adujo “extravío” en sus archivos y que no existían copias debido a que se entregó la versión original a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“En este caso le ordenamos a la Fiscalía que adoptara mecanismos que permitan la administración, catalogación, conservación y protección de la información, algo que ya hemos hecho como Instituto con nueve lineamientos que hemos enviado a ministerios, autónomas, alcaldías e instituciones descentralizadas”, confirmó Campos.
Una parte de estas medidas es que se cree (o se fortalezca) la Unidad de Gestión Documental y de Archivos, la cual complementará el trabajo de las Oficinas de Información y Respuesta (OIR) de las entidades públicas y permitiría dar una respuesta “más exacta” sobre las solicitudes de los ciudadanos, razona Campos.
Al respecto, relacionar el trabajo de estas áreas es lo que permitirá un mayor cuido de todo tipo de documentos porque, según el comisionado, sin archivos e información debidamente organizados el acceso a la documentos de interés público “es una ilusión que afecta la transparencia”.
“El primer paso para tener oficinas de acceso a la información es contar con un archivo sistematizado, con documentación bien organizada y respaldada porque sobre todo el quehacer público debe existir un respaldo, una evidencia, para rendir cuentas a los ciudadanos”, agregó .
Acta de Acuerdos de Paz, un caso con historia
El 6 de mayo de 2014 la ciudadana Domitila Rosario Piche pidió una copia certificada del Acta de los Acuerdos de Paz. Sin embargo la Presidencia de la República se encontró con que el histórico documento “estaba extraviado” y no se consignaba en los archivos de la institución.
Sobre esto, Campos recuerda que el caso se llevó al IAIP porque Piche apeló y presentó una nota periodística que arrojaba indicios de que el documento original de los Acuerdos estaba en poder del expresidente Alfredo Cristiani, quien firmó en nombre del Estado salvadoreño el cese al conflicto armado.
“En este otro caso se vuelve a evidenciar que Casa Presidencial no tenía sistematizado ni registrado un documento de tanta relevancia, de tanto interés. Nosotros incluso declaramos como medida cautelar, antes de la resolución final, que Cancillería pidiera a Naciones Unidas (ONU) una copia porque el Oficial de Información de la Presidencia dijo que no habían indicios del archivo”, enfatizó Campos.
La copia al final fue entregada por Cristiani al presidente Salvador Sánchez Cerén en un acto público y, posteriormente, a la demandante.
Más reciente, Campos asegura que están dos casos relacionados con la construcción del supermercado Walmart en el municipio de Mejicanos.
El primero es el de la copia de los planos de drenaje del inmueble que pidió un ciudadano a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), donde se adujo extravío por destrucción de varios expedientes luego de que se inundara el archivo durante una depresión tropical.
El otro es el de la municipalidad de Mejicanos, quien declaró como inexistentes los permisos de construcción del mismo proyecto. Sobre este se ha dado plazo a la comuna para que obtenga una copia, ya sea de la OPAMSS o de Walmart como dueño de la obra.
“Todo esto trae también a colación la necesidad de contar con archivistas profesionales en el país y que a través de una ley se le dé peso a la protección de los documentos para contar con un acceso a la información más profesionalizado”, valoró Campos.
Sobre el supuesto el extravío del registro de viajes del expresidente Funes, Campos recordó que en diciembre de 2014, el IAIP fue notificado por Casa Presidencial sobre la creación de una copia de seguridad que resguardara la información, a raíz de que una medida cautelar que emitió el Instituto para proteger esa información, que fue denegada por Capres a la Fundación Nacional para el Desarrollo por estar “bajo reserva”.
“Nosotros fuimos informados por el abogado de la Presidencia de que la copia se hizo, hoy desconozco cuáles son las razones para decir que no hay registros”, aclaró Campos.
Sanciones, tema clave
Ante estos casos, el comisionado dice que la Ley de Acceso, aunque da facultades para investigar y sancionar, da un plazo de solo 90 días para hacerlo, ya que luego los casos prescriben para el IAIP.
“Este es un tema sujeto a una reforma a la Ley, casos como el de los viajes del ex presidente Funes para el Instituto ya prescribieron, de nuestra parte nada se puede hacer, aunque en el caso de la destrucción de los archivos del ministerio de Economía ya sentamos un precedente porque hemos sancionado al encargado que tomó esa decisión”, finalizó Campos.
El IAIP asegura que promoverá en los próximos meses la necesidad de una Ley General de Archivos y buscará ampliar su capacidad de incidencia en este tema con la ley vigente, sobre todo con los procedimientos para cuidar los datos de las instituciones públicas.
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http://www.elsalvador.com/ 25/03/2016
El IAIP reporta seis casos donde las instituciones públicas aseguran extravío, inexistencia o destrucción de información de carácter público.
En este contexto el IAIP considera que en el país no hay cultura ni tradición en el manejo de los archivos públicos, lo cual hace más complicado que esta instancia colegiada cumpla con su obligación de mejorar en la gestión documental y de archivos en más de 300 instituciones del Estado y sus autónomas.
Desde este punto de vista el comisionado del IAIP, Jaime Campos, considera que los extravíos y la destrucción de documentos refleja la necesidad de crear una Ley General de Archivos, sobre todo porque existe “una vieja tradición” en los funcionarios públicos de considerar la documentación de su gestión como un patrimonio personal, lo cual afecta en su resguardo y abre espacio a arbitrariedades que restringen el derecho y acceso a la información.
“Es urgente que como sociedad abramos un debate sobre la necesidad de un marco legal que garantice el cuido de los archivos y expedientes de todo tipo de información, no es posible que se pierdan documentos que son de interés público”, analizó Campos.
El supuesto extravío de los registros de los viajes del expresidente Mauricio Funes por parte de Casa Presidencial y la destrucción de documentos en el Ministerio de Economía, han sido los casos más sonados y recientes, pero Campos recuerda que el primer caso que se conoció es el de un informe especial elaborado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre títulos irregulares de Licenciados en Ciencias Jurídicas, conocido como “informe Vidales”.
En dicho informe constan los nombres de decenas de abogados bajo sospecha de haber obtenido su título universitario de forma anómala, hecho público en 2001 y que estuvo a cargo de Roberto Vidales, fiscal especial para esta investigación ordenada por el entonces titular del ministerio público, Belisario Artiga.
Campos señala que una ciudadana pidió en noviembre de 2013 el reporte pero que la FGR adujo “extravío” en sus archivos y que no existían copias debido a que se entregó la versión original a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“En este caso le ordenamos a la Fiscalía que adoptara mecanismos que permitan la administración, catalogación, conservación y protección de la información, algo que ya hemos hecho como Instituto con nueve lineamientos que hemos enviado a ministerios, autónomas, alcaldías e instituciones descentralizadas”, confirmó Campos.
Una parte de estas medidas es que se cree (o se fortalezca) la Unidad de Gestión Documental y de Archivos, la cual complementará el trabajo de las Oficinas de Información y Respuesta (OIR) de las entidades públicas y permitiría dar una respuesta “más exacta” sobre las solicitudes de los ciudadanos, razona Campos.
Al respecto, relacionar el trabajo de estas áreas es lo que permitirá un mayor cuido de todo tipo de documentos porque, según el comisionado, sin archivos e información debidamente organizados el acceso a la documentos de interés público “es una ilusión que afecta la transparencia”.
“El primer paso para tener oficinas de acceso a la información es contar con un archivo sistematizado, con documentación bien organizada y respaldada porque sobre todo el quehacer público debe existir un respaldo, una evidencia, para rendir cuentas a los ciudadanos”, agregó .
Acta de Acuerdos de Paz, un caso con historia
El 6 de mayo de 2014 la ciudadana Domitila Rosario Piche pidió una copia certificada del Acta de los Acuerdos de Paz. Sin embargo la Presidencia de la República se encontró con que el histórico documento “estaba extraviado” y no se consignaba en los archivos de la institución.
Sobre esto, Campos recuerda que el caso se llevó al IAIP porque Piche apeló y presentó una nota periodística que arrojaba indicios de que el documento original de los Acuerdos estaba en poder del expresidente Alfredo Cristiani, quien firmó en nombre del Estado salvadoreño el cese al conflicto armado.
“En este otro caso se vuelve a evidenciar que Casa Presidencial no tenía sistematizado ni registrado un documento de tanta relevancia, de tanto interés. Nosotros incluso declaramos como medida cautelar, antes de la resolución final, que Cancillería pidiera a Naciones Unidas (ONU) una copia porque el Oficial de Información de la Presidencia dijo que no habían indicios del archivo”, enfatizó Campos.
La copia al final fue entregada por Cristiani al presidente Salvador Sánchez Cerén en un acto público y, posteriormente, a la demandante.
Más reciente, Campos asegura que están dos casos relacionados con la construcción del supermercado Walmart en el municipio de Mejicanos.
El primero es el de la copia de los planos de drenaje del inmueble que pidió un ciudadano a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), donde se adujo extravío por destrucción de varios expedientes luego de que se inundara el archivo durante una depresión tropical.
El otro es el de la municipalidad de Mejicanos, quien declaró como inexistentes los permisos de construcción del mismo proyecto. Sobre este se ha dado plazo a la comuna para que obtenga una copia, ya sea de la OPAMSS o de Walmart como dueño de la obra.
“Todo esto trae también a colación la necesidad de contar con archivistas profesionales en el país y que a través de una ley se le dé peso a la protección de los documentos para contar con un acceso a la información más profesionalizado”, valoró Campos.
Sobre el supuesto el extravío del registro de viajes del expresidente Funes, Campos recordó que en diciembre de 2014, el IAIP fue notificado por Casa Presidencial sobre la creación de una copia de seguridad que resguardara la información, a raíz de que una medida cautelar que emitió el Instituto para proteger esa información, que fue denegada por Capres a la Fundación Nacional para el Desarrollo por estar “bajo reserva”.
“Nosotros fuimos informados por el abogado de la Presidencia de que la copia se hizo, hoy desconozco cuáles son las razones para decir que no hay registros”, aclaró Campos.
Sanciones, tema clave
Ante estos casos, el comisionado dice que la Ley de Acceso, aunque da facultades para investigar y sancionar, da un plazo de solo 90 días para hacerlo, ya que luego los casos prescriben para el IAIP.
“Este es un tema sujeto a una reforma a la Ley, casos como el de los viajes del ex presidente Funes para el Instituto ya prescribieron, de nuestra parte nada se puede hacer, aunque en el caso de la destrucción de los archivos del ministerio de Economía ya sentamos un precedente porque hemos sancionado al encargado que tomó esa decisión”, finalizó Campos.
El IAIP asegura que promoverá en los próximos meses la necesidad de una Ley General de Archivos y buscará ampliar su capacidad de incidencia en este tema con la ley vigente, sobre todo con los procedimientos para cuidar los datos de las instituciones públicas.
Autor: Por Juan José Morales
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