Un sistema que recopile en una base de datos información pública, profesional y personal para monitorear en un régimen dictatorial puede controlar o manipular la conducta
>> miércoles, 19 de marzo de 2014
UNA DENUNCIA MUY SERIA
http://horacero.com.pa/ 19/03/2014
HORA CERO, (MIREYA LASSO).- La denuncia penal interpuesta por el Tribunal Electoral para sancionar a quienes se apropiaron de varias bases de datos de uso exclusivo del Tribunal, es muy precisa.
Sin embargo, como si fuera un asunto intrascendente, voceros del oficialismo han pretendido trivializar el asunto, alegando que una base de información similar es herramienta ampliamente utilizada por todos los partidos políticos.
Me impresiona cómo se trata de descartar hechos tan graves, inclusive atribuyéndole un cariz partidista nacido del propio organismo encargado de garantizar la neutralidad del proceso electoral.
Resulta imperativo advertir el peligro latente que significa restarle importancia al delito denunciado y sus posibles mayores consecuencias.
El poder que la tecnología moderna pone en manos de las autoridades con fines lícitos, también puede ser desviado y abusado por gobernantes autócratas con intenciones malsanas.
Podría construirse un sistema central capaz de recopilar en una base única de datos, toda clase de información ---pública, profesional, personal, íntima--- sobre todas las personas que interese monitorear. Con esa información disponible y gracias a la tecnología, un régimen dictatorial o autocrático puede controlar o manipular la conducta de las personas, haciendo realidad la ficción del Gran Hermano de la novela política ---"1984"--- de Orwell.
Utilizando el número de cédula de identidad personal le sería factible, a un régimen antidemocrático, centralizar información con datos de ciudadanos y extranjeros residentes incluidos en archivos en diferentes entidades públicas. Así como la información hurtada del Tribunal incluye direcciones residenciales y electorales, nombres y apellidos paternos y maternos, imágenes de rostros y firmas de las personas, filiaciones políticas, fechas y lugares de nacimiento, y otros datos de las actas de nacimiento y defunción, otras entidades pueden aportar datos adicionales.
Del Seguro Social se obtendría información sobre lugares de empleos, salarios, pensiones, beneficiarios, enfermedades diagnosticadas y medicamentos recetados; del MEF, montos de salarios, dividendos y honorarios recibidos; de Aduanas, detalles individuales sobre importaciones y exportaciones; del MITRAB, información sobre membrecía en sindicatos; del Registro Público, propietarios de bienes inmuebles, de comercios y participación en empresas; del MIDES, beneficios y subsidios de 120x70, Red de Oportunidades, Ángel Guardián; del MEDUCA, los favorecidos con becas y sus acudientes, maestros y profesores que protesten; de la Policía, armas registradas, delitos cometidos o investigados, sanciones impuestas, hasta multas del tránsito.
Por su lado, la Contraloría proveería información sobre contratantes y desembolsos por obras y servicios gubernamentales; el Órgano Judicial, información sobre abogados, litigantes ganadores o perdedores; las Notarías, datos de toda índole contenidos en escrituras públicas. La banca oficial brindaría información sobre cuentas bancarias, saldos adeudados, hipotecas, préstamos, ahorros; las empresas de servicios públicos proveerían teléfonos fijos y celulares y consumo de energía.
El límite es nuestra imaginación. Cada uno tendría su "carpeta electrónica" con su foto, su firma, nombre completo, edad, estado civil, dirección, teléfonos, todos los familiares, hijos dentro o fuera del matrimonio, empleo y empleador, ingreso mensual, préstamos otorgados, patrimonio detallado, preferencia partidista, enfermedades diagnosticadas, medicamentos y tratamientos necesarios, bonificaciones o subsidios estatales que reciba o sus hijos, ocupación, profesión y mucho más.
El control de esa información permitiría manipular la conducta de las personas con promesas, amenazas o acosos en sitios de trabajo, especialmente sobre funcionarios públicos como se ha informado a raíz de la denuncia. Indudablemente, se prestaría para ejercer una indebida influencia especialmente sobre personas que se encuentren en dependencia económica o salarial.
Si a ello sumamos información no comprobada suministrada por terceros, chismes y bochinches malsanos, resulta potencialmente un asunto muy serio cuya factibilidad puede nacer de mentes desbocadas de quienes muestren tendencias de controlarlo todo para ejercer un poder absoluto.
http://horacero.com.pa/ 19/03/2014
Sin embargo, como si fuera un asunto intrascendente, voceros del oficialismo han pretendido trivializar el asunto, alegando que una base de información similar es herramienta ampliamente utilizada por todos los partidos políticos.
Me impresiona cómo se trata de descartar hechos tan graves, inclusive atribuyéndole un cariz partidista nacido del propio organismo encargado de garantizar la neutralidad del proceso electoral.
Resulta imperativo advertir el peligro latente que significa restarle importancia al delito denunciado y sus posibles mayores consecuencias.
El poder que la tecnología moderna pone en manos de las autoridades con fines lícitos, también puede ser desviado y abusado por gobernantes autócratas con intenciones malsanas.
Podría construirse un sistema central capaz de recopilar en una base única de datos, toda clase de información ---pública, profesional, personal, íntima--- sobre todas las personas que interese monitorear. Con esa información disponible y gracias a la tecnología, un régimen dictatorial o autocrático puede controlar o manipular la conducta de las personas, haciendo realidad la ficción del Gran Hermano de la novela política ---"1984"--- de Orwell.
Utilizando el número de cédula de identidad personal le sería factible, a un régimen antidemocrático, centralizar información con datos de ciudadanos y extranjeros residentes incluidos en archivos en diferentes entidades públicas. Así como la información hurtada del Tribunal incluye direcciones residenciales y electorales, nombres y apellidos paternos y maternos, imágenes de rostros y firmas de las personas, filiaciones políticas, fechas y lugares de nacimiento, y otros datos de las actas de nacimiento y defunción, otras entidades pueden aportar datos adicionales.
Del Seguro Social se obtendría información sobre lugares de empleos, salarios, pensiones, beneficiarios, enfermedades diagnosticadas y medicamentos recetados; del MEF, montos de salarios, dividendos y honorarios recibidos; de Aduanas, detalles individuales sobre importaciones y exportaciones; del MITRAB, información sobre membrecía en sindicatos; del Registro Público, propietarios de bienes inmuebles, de comercios y participación en empresas; del MIDES, beneficios y subsidios de 120x70, Red de Oportunidades, Ángel Guardián; del MEDUCA, los favorecidos con becas y sus acudientes, maestros y profesores que protesten; de la Policía, armas registradas, delitos cometidos o investigados, sanciones impuestas, hasta multas del tránsito.
Por su lado, la Contraloría proveería información sobre contratantes y desembolsos por obras y servicios gubernamentales; el Órgano Judicial, información sobre abogados, litigantes ganadores o perdedores; las Notarías, datos de toda índole contenidos en escrituras públicas. La banca oficial brindaría información sobre cuentas bancarias, saldos adeudados, hipotecas, préstamos, ahorros; las empresas de servicios públicos proveerían teléfonos fijos y celulares y consumo de energía.
El límite es nuestra imaginación. Cada uno tendría su "carpeta electrónica" con su foto, su firma, nombre completo, edad, estado civil, dirección, teléfonos, todos los familiares, hijos dentro o fuera del matrimonio, empleo y empleador, ingreso mensual, préstamos otorgados, patrimonio detallado, preferencia partidista, enfermedades diagnosticadas, medicamentos y tratamientos necesarios, bonificaciones o subsidios estatales que reciba o sus hijos, ocupación, profesión y mucho más.
El control de esa información permitiría manipular la conducta de las personas con promesas, amenazas o acosos en sitios de trabajo, especialmente sobre funcionarios públicos como se ha informado a raíz de la denuncia. Indudablemente, se prestaría para ejercer una indebida influencia especialmente sobre personas que se encuentren en dependencia económica o salarial.
Si a ello sumamos información no comprobada suministrada por terceros, chismes y bochinches malsanos, resulta potencialmente un asunto muy serio cuya factibilidad puede nacer de mentes desbocadas de quienes muestren tendencias de controlarlo todo para ejercer un poder absoluto.
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