SIGUEN AMONTONADOS LOS PAPELES EN LOS ÓRGANOS PENALES
>> lunes, 26 de abril de 2010
Dos años después del error de Mari Luz, los juzgados penales están aún más saturados
El escándalo del caso Mari Luz, cuando se conoció que su presunto asesino, Santiago del Valle, debía estar en la cárcel porque había sido condenado por un delito anterior de abusos sexuales, puso de manifiesto las deficiencias en materia de justicia y la sobrecarga de trabajo que soportaban los jueces de lo penal.
En aquel momento, tras el estallido inicial y la búsqueda de culpables, en marzo de 2008, tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía (que tiene las competencias de infraestructuras judiciales y funcionarios) se apresuraron a asegurar que pondrían los métodos para evitar que las sentencias se acumulasen los órganos penales sin ejecutar debido a la sobrecarga de trabajo de los jueces.
El caso evidenció también algo inexplicable: que una persona, como el caso de Santiago del Valle, podía estar en un juzgado en busca y captura mientras en otro tenía un procedimiento pendiente por el que se presentaba cada quince días en los juzgados. Y que los órganos no estaban comunicados entre ellos. Es decir que mientras que Hacienda maneja datos fiscales de cualquier persona, Justicia no hacía lo propio y un juzgado no podía saber si la persona a la que estaba investigando tenía causas pendientes en otro órgano.
Cuando saltó el escándalo los juzgados de lo penal andaluces tenían pendientes (a final del año 2008) un total de 55.000 ejecutorias. A finales del pasado año, en lugar de reducirse, habían aumentado hasta más de 63.000 según los últimos datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Pero además, cuando se conoció lo que había ocurrido, el juez Rafael Tirado Márquez alegó en su defensa una sobrecarga de trabajoque suponía que tenía en trámite más de 600 ejecutorias. Hoy la media entre los 59 juzgados de lo penal que hay en Andalucía supone que cada órgano tiene que tramitar más de 1.070 ejecutorias.
Los datos revelan también que la sobrecarga de trabajo no castiga igual a todas las provincias. Málaga sigue siendo la que más sentencias tiene pendientes. A final del pasado año tenía ya más de 18.000.
A esa provincia le sigue Cádiz que, según el TSJA, arrastraba a finales del pasado año más de 14.000. Y después se situaba Sevilla que tenía pendientes más de 10.500. Claro que en Sevilla la cosa ha podido sufrir variaciones importantes si se tiene en cuenta que el traslado de los juzgados de lo penal al edificio puente, el NOGA, ha provocado graves retrasos.
De hecho, los jueces de lo penal, que se han reunido en junta en varias ocasiones para denunciar las deficiencias de este inmueble, denunciaron hace semanas que los traslados habían provocado que se perdieran varias jornadas de trabajo. Y ello ha producido más retrasos que se suman a los que también ha originado el hecho de que los archivos se quedaran en el edificio del Prado con el consiguiente trasiego de funcionarios que cada día iban de un edificio a otro a consultar documentación.
Y las cifras ponen de manifiesto que la subida es a razón de cerca de diez mil al año. A finales de 2007 había poco más de 45.000. A finales de 2008 más de 55.000 y a finales de 2009 superaban las 63.000.
Estas cifras evidencian que para lo único que ha servido el caso Mari Luz ha sido para apuntar a dos responsables: el juez Tirado y la secretaria Juana Gálvez. Ambos han sido sancionados en unos expedientes que hace unos días se hicieron firmes. El primero ha saldado sus cuentas con 1.500 euros de multa. Y la segunda con seis meses de suspensión de empleo y sueldo. Sin embargo la situación en los juzgados de lo penal sigue siendo hoy peor. Los papeles se amontonan en los órganos penales. ¿Quien sabe si entre ellos hay algún condenado que pueda hacer repetir el triste error cuyo desenlace fatal fue la muerte de Mari Luz.?
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