AGN y CNMH firman protocolo de gestión documental
>> sábado, 11 de febrero de 2017
Los archivos se blindan
http://www.vanguardia.com/
El Archivo General de la Nación (AGN) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) firmaron un protocolo de gestión documental para archivos relacionados con el conflicto armado.
En cumplimiento de las disposiciones de la ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el CNMH y el AGN entregaron el ‘Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno’. Este protocolo quedó oficializado por medio de la firma de un acto administrativo el 6 de febrero de 2017 por Armando Martínez Garnica, director general del AGN, y Gonzalo Sánchez Gómez, director del CNMH.
Dicho documento establece los criterios y las medidas que deben seguirse para la identificación, la protección, y las garantías de acceso a la información de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Por ejemplo, alienta a las entidades a ajustar y actualizar inventarios de sus archivos de derechos humanos, así como a suspender de manera temporal la eliminación de documentos y series documentales de este tipo de archivos.
“Este protocolo ofrece herramientas destinadas a identificar, proteger y conservar aquellos documentos que se han elaborado, acopiado y recopilado durante las décadas que han formado parte del escenario del conflicto armado interno, pero también de aquellos que se produzcan durante el tiempo que tome su superación. Los documentos denuncian, narran y ayudan a comprender y superar la violencia. Una vez hayan sido identificados, serán parte del patrimonio documental de la nación, para enriquecer el conocimiento del pasado que posibilite develar la verdad acerca de lo sucedido y, además, registre las distintas maneras en las que concebimos el futuro”, afirmó el director del AGN.
Este protocolo, que también contiene recomendaciones para el manejo de los archivos y la información de las organizaciones de la sociedad civil, deberá ser adoptado por las entidades de la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la ley 594 de 2000, en consonancia con el decreto 1084 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación.
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El Archivo General de la Nación (AGN) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) firmaron un protocolo de gestión documental para archivos relacionados con el conflicto armado.
Dicho documento establece los criterios y las medidas que deben seguirse para la identificación, la protección, y las garantías de acceso a la información de archivos de derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Por ejemplo, alienta a las entidades a ajustar y actualizar inventarios de sus archivos de derechos humanos, así como a suspender de manera temporal la eliminación de documentos y series documentales de este tipo de archivos.
“Este protocolo ofrece herramientas destinadas a identificar, proteger y conservar aquellos documentos que se han elaborado, acopiado y recopilado durante las décadas que han formado parte del escenario del conflicto armado interno, pero también de aquellos que se produzcan durante el tiempo que tome su superación. Los documentos denuncian, narran y ayudan a comprender y superar la violencia. Una vez hayan sido identificados, serán parte del patrimonio documental de la nación, para enriquecer el conocimiento del pasado que posibilite develar la verdad acerca de lo sucedido y, además, registre las distintas maneras en las que concebimos el futuro”, afirmó el director del AGN.
Este protocolo, que también contiene recomendaciones para el manejo de los archivos y la información de las organizaciones de la sociedad civil, deberá ser adoptado por las entidades de la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la ley 594 de 2000, en consonancia con el decreto 1084 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación.
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