DE QUE SE HABLA CUANDO SE REFIEREN A LOS ARCHIVOS DE LA PAZ
>> martes, 12 de junio de 2012
¡Desarchívese!
http://www.prensalibre.com/ 12/06/2012
Las autoridades de Sepaz tomaron la decisión de clausurar la Dirección de los Archivos de la Paz (DAP). Notificaron el despido a 17 trabajadores y no dejaron en claro el destino de los documentos ni el uso que en adelante se les dará. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a los Archivos de la Paz?
Según el acuerdo de creación 092-2008 —derogado el 29 de mayo de 2012—, la DAP es la instancia encargada de sistematizar documentación e información de archivos estatales relacionados a violaciones de derechos humanos, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Reconciliación Nacional que establece como un deber humanitario del Estado asistir a las víctimas a través de la Sepaz, que a su vez “deberá tomar en cuenta las recomendaciones que formule al respecto la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)”.
La recomendación 22 de la CEH establece que el Gobierno y el OJ, en colaboración con la sociedad civil, inicien investigaciones sobre las desapariciones forzadas de que se tenga conocimiento, utilizando los recursos jurídicos y materiales disponibles, para aclarar el paradero de los desaparecidos y, en el caso de haber muerto, entregar sus restos. Y la recomendación 79 plantea que se continúe con los esfuerzos de investigación y análisis del pasado, de manera que se consoliden las bases para evitar los errores que han provocado el enfrentamiento.
De esa cuenta, la DAP inició el trabajo de ordenamiento, digitalización y clasificación de la documentación del archivo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y de los archivos del desaparecido Estado Mayor Presidencial, que incluye la sexta copia del plan militar Operación Sofía. Entre ambos, hay un millón 118,851 folios digitalizados. En el caso de la SBS, los archivos permitieron obtener información sobre los procesos de adopción irregular utilizados para ocultar niñez desaparecida durante la guerra. Existe además un centro de documentación que alberga otros cinco mil 743 documentos de memoria histórica.
En el marco de un Convenio con la Fundación de Antropología Forense, se trabajaron los archivos —libros y actas de defunción— de cinco cementerios municipales, entre estos La Verbena, para coadyuvar a la localización de personas detenidas-desaparecidas que pudieron haber sido enterradas como XX. Un convenio con el MP ha permitido, a través de peritajes de contexto, contribuir a documentar al menos tres casos de desaparición forzada, entre ellos el de Fernando García, y uno relativo a niñez desplazada en el área Ixil. Otro convenio con el Ministerio de Gobernación posibilitó la digitalización y ordenamiento de un primer lote de expedientes del personal de la Guardia de Hacienda, Guardia Civil, PN y PNC. Hacen falta dos lotes más. Asimismo, se publicaron nueve informes de investigación, entre los que destacan dos sobre el Diario Militar, dos sobre niñez desaparecida y uno sobre la represión contra el movimiento sindical.
Lo anterior muestra lo estratégico de los archivos y, de alguna manera, las razones de la desafortunada decisión. El Gobierno debe explicar a dónde irán, qué se piensa hacer con ellos y qué exactamente solicitó a Cicig en relación con los archivos.
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http://www.prensalibre.com/ 12/06/2012
Las autoridades de Sepaz tomaron la decisión de clausurar la Dirección de los Archivos de la Paz (DAP). Notificaron el despido a 17 trabajadores y no dejaron en claro el destino de los documentos ni el uso que en adelante se les dará. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a los Archivos de la Paz?
Según el acuerdo de creación 092-2008 —derogado el 29 de mayo de 2012—, la DAP es la instancia encargada de sistematizar documentación e información de archivos estatales relacionados a violaciones de derechos humanos, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Reconciliación Nacional que establece como un deber humanitario del Estado asistir a las víctimas a través de la Sepaz, que a su vez “deberá tomar en cuenta las recomendaciones que formule al respecto la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)”.
La recomendación 22 de la CEH establece que el Gobierno y el OJ, en colaboración con la sociedad civil, inicien investigaciones sobre las desapariciones forzadas de que se tenga conocimiento, utilizando los recursos jurídicos y materiales disponibles, para aclarar el paradero de los desaparecidos y, en el caso de haber muerto, entregar sus restos. Y la recomendación 79 plantea que se continúe con los esfuerzos de investigación y análisis del pasado, de manera que se consoliden las bases para evitar los errores que han provocado el enfrentamiento.
De esa cuenta, la DAP inició el trabajo de ordenamiento, digitalización y clasificación de la documentación del archivo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y de los archivos del desaparecido Estado Mayor Presidencial, que incluye la sexta copia del plan militar Operación Sofía. Entre ambos, hay un millón 118,851 folios digitalizados. En el caso de la SBS, los archivos permitieron obtener información sobre los procesos de adopción irregular utilizados para ocultar niñez desaparecida durante la guerra. Existe además un centro de documentación que alberga otros cinco mil 743 documentos de memoria histórica.
En el marco de un Convenio con la Fundación de Antropología Forense, se trabajaron los archivos —libros y actas de defunción— de cinco cementerios municipales, entre estos La Verbena, para coadyuvar a la localización de personas detenidas-desaparecidas que pudieron haber sido enterradas como XX. Un convenio con el MP ha permitido, a través de peritajes de contexto, contribuir a documentar al menos tres casos de desaparición forzada, entre ellos el de Fernando García, y uno relativo a niñez desplazada en el área Ixil. Otro convenio con el Ministerio de Gobernación posibilitó la digitalización y ordenamiento de un primer lote de expedientes del personal de la Guardia de Hacienda, Guardia Civil, PN y PNC. Hacen falta dos lotes más. Asimismo, se publicaron nueve informes de investigación, entre los que destacan dos sobre el Diario Militar, dos sobre niñez desaparecida y uno sobre la represión contra el movimiento sindical.
Lo anterior muestra lo estratégico de los archivos y, de alguna manera, las razones de la desafortunada decisión. El Gobierno debe explicar a dónde irán, qué se piensa hacer con ellos y qué exactamente solicitó a Cicig en relación con los archivos.
![[Img #14930]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_soSyTgV9RDyE_BDfV-pPIgDEoCnk5hhQfn_YXWRuT9hpaWKPDMc3GAJTm9965PmBUDpwY1sTSORdHhdSR70a7agLcGTjM8ZFwzeWLAvR53FEAwWg3KtUNYRHYpEb5myQ=s0-d)
![[Img #72129]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_st0aG0dJRHwon94nczx-Ag-CEqwmBprxRzHo66iepbZOpB3UhWOkiUilGZFWoYQYCYF2wf2JOwUVC2-jIMse1qeKLpoP7myPDU7FQJh17yc0gzJYGfxpHfS31Smw=s0-d "Detalle documento más antiguo del archivo municipal de Tarancón, que data de 1606. /EL DÍA")
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